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Guatemala: Delincuencia ataca torres de energía en Nebaj, Quiché

Por Prensa Libre de Guatemala. Los ministerios de Gobernación y de Defensa, así como la Fiscalía General, aseguraron que las investigaciones señalan a una organización criminal que opera en Nebaj.

Ayer, en dos reuniones, el sector eléctrico solicitó la pronta investigación de los casos, principalmente del sabotaje a ocho torres de la hidroeléctrica Xacbal. Los ataques se han producido desde noviembre del 2010, por lo que anoche quedó instalada una comisión especial.

Hasta el momento, los fiscales aún no han individualizado a los responsables, pero la manera de actuar de los delincuentes ha sido la misma. “Efectúan las acciones por la noche, de manera artesanal, y dejan un panfleto en cada ataque”, expresó Casimiro Hernández, fiscal distrital de Quiché.

En cada nota dejada por los delincuentes se asegura que el ataque fue cometido por un supuesto grupo guerrillero llamado Ejército de la Selva, Comandancia 19, que afirma que actúa contra la contaminación de los recursos naturales en el área Ixil.

Sin embargo, el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas) rechazó que se trate de criminalizar a las comunidades que no están de acuerdo con los proyectos hidroeléctricos.

Según Abraham Valenzuela, ministro de Defensa, “hasta el momento no hay ningún indicio de que sea un grupo guerrillero, y solo han dejado anónimos”.

Carlos Menocal, ministro de Gobernación, indicó que los agentes de inteligencia confirman que no se trata de un grupo guerrillero.

Ronaldo Robles, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, comentó que las investigaciones descartan la existencia de ese grupo.

“Las acciones no son como en la guerra, cuando la guerrilla dinamitaba las torres; en este caso, los delincuentes les han quitado tornillos, y por eso se han caído”, expresó.

Extorsiones

En conferencia de prensa, Horacio Fernández, gerente de la Asociación Nacional de Generadores, expresó ayer por la mañana que los ataques se deben a chantajes y extorsiones de grupos delincuenciales, aunque agregó que desconocen de quiénes se trata, por lo que exigen la intervención de las autoridades.

“Están extorsionando a varias empresas… llaman por teléfono, hacen las exigencias y amenazan con que va a ocurrir lo mismo que le está pasando a esta línea de transmisión de Hidro Xacbal si no se paga”, explicó Fernández.

Menocal calificó el hecho de caso atípico, y aseguró que se trata de una extorsión que comienza.

“Hay ciertas agrupaciones al margen de la ley que utilizan a las poblaciones para accionar en contra de estos proyectos”, manifestó, al tiempo que indicó que se han reforzado los patrullajes en esas áreas.

La Fiscalía adelantó que tiene datos de una banda que opera en la referida región, a la que se le atribuyen extorsiones, secuestros y asesinatos, pero que aún no se ha logrado individualizar a los sospechosos.

Se cree que ese grupo utiliza armas ofensivas, pero los fiscales investigan si residen cerca de donde se cometieron los hechos.

El ejecutivo aseguró que aparte de Hidro Xacbal, también extorsionan a otra empresa, aunque no la identificó.

Integran comisión

Representantes del sector eléctrico —formado por generadores, transmisores y distribuidores— se reunieron ayer por la tarde con el presidente Álvaro Colom y varios funcionarios, a quienes les solicitaron la creación de un comité de crisis para investigar y detener los ataques a infraestructura eléctrica.

La comisión quedó integrada ayer, y se espera que pueda iniciar sus acciones a partir de mañana. También solicitaron la formación de una fiscalía especial, pues hay unas 400 denuncias que no han recibido atención, explicó Rudolf Jacobs, presidente de la Asociación de Generadores de Energía Renovable.

Claudia Paz y Paz, fiscal general, aseveró que investigan los casos, y que espera resultados en breve.

Criminalización

Rafael Maldonado, coordinador de Calas, señaló que criminalizar a las comunidades es peligroso, cuando se deberían discutir los proyectos hidroeléctricos, porque el país necesita reconvertir su matriz energética.

Agregó que las empresas deben comunicar los beneficios que pueden obtener ellas y las poblaciones.

Según Maldonado, oponerse es un derecho constitucional de las comunidades, pero es viable un diálogo o pacto que beneficie a todos. Apuntó que eso no se puede lograr si se responsabiliza a las comunidades y se les vincula con el crimen organizado.

Ver nota en: http://www.prensalibre.com/noticias/Delincuencia-ataca-torres-energia_0_419958038.html

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