Por Proceso Digital. Las autoridades de seguridad reconocieron que el país vive una creciente ola de violencia. Que se han incrementado el número de muertes violentas, al igual que otros delitos como el robo a viviendas y vehículos.
Dijeron que trabajan en establecer medidas para enfrentar el sicariato en motos, que crearán una unidad nacional contra el robo de vehículos, y del proyecto para comprar chips inteligentes en Europa para las placas vehiculares.
Anunciaron que pedirán al Ministerio Público “desempolvar la ley antimaras”, con el propósito de aplicar la misma no solo a pandilleros tatuados, sino “a todos los que se reúnen para delinquir, lo que sea, con solo el hecho que se reúnan para planificar el delito”.
Los anuncios se hicieron durante las denominadas audiencias públicas, en las que respondió inquietudes de la ciudadanía sobre el tema de seguridad.
En la extensa comparecencia, a la que acudió con su viceministro, Armando Calidonio, y la cúpula de la Policía Nacional, Álvarez se quejó del escaso apoyo ciudadano a la Policía, y advirtió que el mismo es primordial para vencer a los delincuentes.
Pidió documentar y señalar a los policías corruptos, para proceder legalmente en su contra.
Álvarez anunció para marzo la inauguración de la cárcel de máxima seguridad en el sector de Támara.
Volvió a quejarse del papel de los jueces, quienes, dijo, dejan en libertad a personas que la policía detiene.
Refirió que en Olancho detuvieron a 14 personas con armas de guerras “y no estuvieron ni 24 horas en la cárcel, aunque la ley dice que son mínimo nueve años de cárcel a quienes porten ilegalmente armas de guerra. ¿Hay que preguntar al juez que pasó?”.
Tenemos un plan integral de convivencia y seguridad ciudadana para permitir prevenir y combatir el delito.
Reconoció que tienen problemas de presupuesto para un trabajo más efectivo contra la delincuencia. Para el caso citó que tienen un déficit de 1,500 vehículos, de más de 3,000 radios de comunicación, y que no tienen combustible para mover el equipo con que cuentan.
Se busca con el Congreso Nacional un presupuesto adecuado para enfrentar la situación de violencia y delincuencia, anotó.
El viceministro Calidonio señaló, por su parte, que el problema de la violencia es un problema social no policial.
“Vivimos un problema social, no policial, es multifactorial, lo que indica que debemos todos involucrarnos en su lucha”, apuntó.
Calidonio reclamó el involucramiento directo de la ciudadanía en las políticas de lucha contra el crimen, y anunció operaciones “que nunca antes se habían visto en nuestro país”.
Ver nota en: http://proceso.hn/2011/02/25/Nacionales/Pedir.C.A/34250.html
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