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Colombia: ‘Faltó estrategia para los mandos medios de las Auc’, afirma la OEA

Por El Tiempo de Colombia. La Misión de la Organización de los Estados Americanos habla sobre le problema de las Bacrim.

La Misión alertó por primera vez en el 2006 sobre el surgimiento de Bandas ¿Hubo una reacción oportuna del Estado?

Luego de la desmovilización de las Autodefensas, la Misión observó la generación de nuevos contextos de ilegalidad que estaban compuestos por ex miembros de autodefensas, reductos no desmovilizados, desmovilizados que se habían rearmado, estructuras que ya existían en el terreno y que se empezaban a visibilizar y nuevas personas que se empezaban a involucrar en estos grupos.

Siempre hemos hecho un seguimiento a las acciones del Estado y las valoramos como positivas en términos de combate de estas bandas y de recuperación del territorio. Pero el fenómeno es complejo, dinámico y cambiante. Por eso se necesita una respuesta integral del Estado, más allá de la lucha criminal, policial y judicial.

Se necesita una respuesta que permita el retorno sostenible de la institucionalidad en esas zonas, recuperar la confianza y crear oportunidades para quitarle espacio a la ilegalidad. Aunque sabemos que falta mucho por hacer y el camino es largo y difícil, los avances son importantes y valoramos la decisión y voluntad del Gobierno.

¿El rearme sería la señal de un posible fracaso del proceso de paz?

De ninguna manera. Todo proceso de paz tiene sus dificultades. La Misión ha señalado que esas dificultades tienen que ir resolviéndose. El tema de la reincidencia es un tema común a todo proceso de paz.

Siempre quedan hombres que deciden permanecer en la ilegalidad; luego de estos procesos generalmente persisten contextos de ilegalidad y en el caso de Colombia como lo alertamos en su momento, faltó una política adecuada de reintegración para mandos medios, que son los que generalmente tienen más capacidad y conocimiento de las actividades ilegales.

Sin embargo, durante todo este proceso hemos observado que la reincidencia no se ha dado en función de volver a reconformar los antiguos grupos de autodefensa, ni tampoco por una concepción política o ideológica, sino por las ofertas de esos contextos de ilegalidad que aun permanecen en las regiones a donde ellos retornaron.

¿El narcotráfico fue determinante en este rearme?

Sin duda fue determinante. En ese sentido la Misión ha podido verificar que el objetivo principal de las bandas es un objetivo económico y no hemos podido hallar un componente político ligado a esa economía ilegal. Por eso a partir de ese momento la MAPP, por mandato como lo ha señalado claramente el Secretario General, Jose Miguel Insulza, no analizamos el fenómeno de Bandas Criminales en términos de estructura ni de narcotráfico.

La Misión tiene como objetivo verificar la real desmovilización de las Auc y acompañar a las comunidades afectadas por la violencia en las zonas de desmovilización. ¿La conclusión? La dimos en el 2006 cuando verificamos la existencia de rearmes, reductos y nuevos contextos de ilegalidad, ligados al narcotráfico.

¿Las bandas son o no son fenómeno de neoparamilitarismo?

La Misión ha sido el único organismo en verificar in situ el desarme y la desmovilización de las Autodefensas desde sus inicios. En ese contexto pudimos observar de primera mano la influencia de las AUC en el ámbito nacional.

Por eso en nuestros informes hemos resaltado que las Autodefensas desaparecieron como una realidad política para el país y creemos que seguir hablando de paramilitarismo le hace daño a Colombia. En primer lugar, porque el Estado colombiano tiene una firme convicción de combatir a todos los grupos ilegales por igual y segundo, porque como mencione anteriormente estos grupos no solo no tienen una ideología política sino que su fin es económico y meramente criminal.

Finalmente en ese marco, llamar al fenómeno de las Bacrim como neoparamilitarismo, sería no solo un error conceptual sino perpetuar el tema del conflicto y desviar la atención de un problema grave que afecta no solo a Colombia sino a otros países del hemisferio y la posibilidad de ayudar al Estado a crear las herramientas para combatir desde lo criminal y desde lo social este fenómeno que tanto afecta a las comunidades.

Cómo no llamar paramilitares, las mismas acciones de corrupción política, control social, apoyo de la Fuerza Pública, cuando las raíces están allá…

El tema que hay que superar es ese. Porque todo grupo ilegal, toda mafia o grupo violento genera control de ciertos sectores de la comunidad, genera corrupción de algunos miembros del Estado, asesinatos a civiles, entre otras. Este no es un problema ajeno a otros fenómenos que ocurren en otros países y que no tienen el nombre de paramilitarismo. El problema no es el accionar de los grupos.

El tema tiene que ver con el papel del Estado frente a los intereses que persiguen estos grupos. Sobre el primero, la Misión ha podido observar, en estos últimos años, una decisión de combatirlos. Sobre los intereses de los grupos estos tienen un fin económico, enfocado principalmente en el narcotráfico y otras actividades ilegales, como las extorsiones, la minería ilegal, entre otros.

Qué hacer con las bandas. ¿Negociar?

Coincidimos en que no existe una posibilidad de una salida negociada con estas bandas sino un sometimiento a la justicia y un compromiso del Estado de trabajar en los territorios para la transformación de las realidades y buscar opciones para tantos jóvenes que son los principales afectados por el accionar de estos grupos. Compartimos la decisión del Gobierno de determinar a estas bandas como parte del crimen organizado.

Estamos convencidos de que el fenómeno de las Bandas Criminales cuadra perfectamente en la convención de Palermo y es un fenómeno que está afectando no solo a Colombia.

Y por eso mismo es importante dar un salto en ese sentido para mirar este problema de otra forma y encontrar las respuestas adecuadas. La comunidad internacional tiene mucho que hacer y aportar en apoyar a los países en este sentido.

¿Se ha logrado reconstruir la confianza en la Fuerza Pública?

Hay zonas del país donde se han dado casos puntuales de corrupción y esto hace que esa confianza se vea resquebrajada. Valoramos los esfuerzos y es importante destacar que hay una decisión institucional de las Fuerzas Armadas y la Policía de combatir el crimen y darle seguridad a las comunidades. Pero hay situaciones de corrupción que siguen generando en algunos sectores de la población una desconfianza en la Fuerza Pública y es necesario que se siga trabajando en ese sentido para cambiar esa percepción. Recuperar la confianza es la clave de todo este proceso, pero esto lleva tiempo y requiere un compromiso de toda la sociedad colombiana.

Antes eran 36 bandas, ahora son 6. ¿Vamos a ver al final una sola apoderada del negocio ilegal?

Creemos que más allá de saber cuántas son y cuántos hombres tienen, lo importante es conocer el fenómeno en profundidad. Es difícil saber a dónde van pero no lo es tanto conocer las dinámicas sociales para poder ganarles espacio a la ilegalidad. Estos fenómenos de criminalidad actúan bajo la lógica de cooptación para sus intereses por lo tanto es normal que se den enfrentamientos para tener mayor control de rutas, zonas y grupos. Y así fortalecer el negocio.

Es normal que se vayan creando una especie de cooptación de los más pequeños para tener monopolios de la ilegalidad en una zona determinada. Por eso la decisión de llamar a estas bandas como parte del crimen organizado creemos que es sumamente importante de cara al futuro.

¿Cuál es papel de las bandas en el tema de restitución de tierras, tema pilar de este Gobierno?

Representan una amenaza y es uno de los factores más críticos de la restitución. Valoramos la conformación de un Comité para la protección de víctimas y en el marco del acompañamiento de las comunidades estamos apoyando al Gobierno y las comunidades en este importante proceso con miras a la reconciliación. Pero creemos que adicional a la política de restitución es importante crear componentes que permitan solucionar posibles conflictos alrededor de comunidades que por mucho tiempo no han convivido. Se pueden generar nuevos conflictos, no necesariamente armados.

Más allá de las acciones armadas que quieran obstaculizar el proceso, es importante la presencia institucional en terreno para disuadir este tipo de acciones.

Ver nota en: http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8931640.html

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