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Uruguay: Una bomba de tiempo

Editorial de El País de Uruguay. Terminada la semana de Carnaval, los temas vuelven a golpear con más fuerza. La inseguridad ciudadana mantiene en la población un nivel de preocupación que comienza a ser estructural. Mientras se discute la rebaja de la imputabilidad, la forma de encarar la represión y la rehabilitación de los menores delincuentes, el propio Instituto policial advierte sobre su impotencia frente al cumplimiento de sus deberes. Y se rebela, como toda la ciudadanía, ante el homicidio de un joven guardia civil asesinado por ser policía.

Se supone que el ser oposición habilita a una cómoda actitud de reclamar decisiones y resultados sin involucrarse activamente en la administración de los problemas.

Sin embargo, esto no es ni política ni éticamente aceptable. El gobierno necesita el más alto respaldo, siempre y cuando sepa lo que quiere, a dónde va y cómo lo va a hacer. No se puede entender que las primeras decisiones de este gobierno y del anterior fueran destinadas a descongestionar las cárceles, abriéndoles las rejas a delincuentes y obligando a construir más rejas a los ciudadanos. Los Derechos Humanos, ¿no son los que tenemos que defender todos los días y que hacen a la vida común del que estudia, trabaja o cobra una jubilación?

No se está pidiendo una solución definitiva a problemas que, sabemos, son de larga data; pero no por ello puede dejar de advertirse que se han agravado sustancialmente en los últimos tiempos, aún con la bonanza económica que se vive. Si matar al “Rambo” es tan fácil, ajustar cuentas en prisión es cosa de todos los días, delinquir desde los celulares de los presos un trámite fácil, es muy difícil explicarnos y explicar cómo se puede respaldar a un gobierno cuando lo único que percibimos es una gran ineficiencia en el manejo de los cuantiosos recursos presupuestales que se le han dado a Interior y una sensación de impunidad que permea toda la sociedad.

La trilogía prevención, represión, rehabilitación tiene que funcionar más ágilmente. Nadie comprende, por más que se explique, que los menores no tengan una cárcel que al tiempo que los prive de la libertad para proteger al ciudadano, los ayude a reinsertarse a la sociedad. Y menos aún reconocer sin dolor que en nuestro país existen barrios donde la policía no pueda entrar. Es terrible.

De los diez mil reclusos que tiene el sistema, el 60% reincide y el promedio de edad no supera los 25 años. Si a eso agregamos la acción destructora de la pasta base, no sólo en los barrios o en las calles sino, junto con otras drogas, dentro de las cárceles, por más vuelta que le demos al tema estamos frente a una bomba de tiempo que se alimenta en forma permanente y es imposible de desactivar. Los ciudadanos se preguntan: ¿se arreglan estos temas con poner a los militares en las puertas de las cárceles para evitar el pase de drogas, celulares, armas? ¿La integridad del cuerpo policial está tan comprometida? ¿Estamos a un nivel de crimen organizado que torna difícil combatir las bocas de venta de drogas? Puede que parcialmente sí, pero en realidad las respuestas puntuales, por más radicales que sean, no solucionan un problema cuando este ya tiene raíces mucho más profundas y desarrolla sus propios mecanismos de autodefensa. ¿Es posible que no entendamos que el abigeato ya no es un delito que se comete por necesidad, sino que responde a organizaciones criminales que afectan al más débil de los ciudadanos, al pequeño productor rural que de la noche a la mañana le roban su capital de trabajo?

Nos preocupa que el gobierno y el sistema político todos los días tengamos que explicar porqué pasa lo que no debió pasar, sin adoptar rápidamente algunas respuestas que están a la mano. Por ejemplo, la construcción de cárceles para menores, la capacitación de las fuerzas policiales, en particular de los cuerpos especializados, y un diálogo institucional que no se reduzca a las acusaciones cruzadas entre los distintos poderes del Estado, fundamentalmente en cuestionamientos al Poder Judicial, que necesita mucho más respaldo y más exigencias, en lugar de cuestionamientos públicos que en nada contribuyen a su fortalecimiento. Necesitamos tomar decisiones, pero no al grito de la tribuna, sino a un ritmo sistemático, que siga una línea estratégica clara y entendible.

La Seguridad ya es un tema que trasciende los Estados. Las “maras” centroamericanas, que en el Uruguay casi no se conocen, se han transformado en bolsones de criminalidad con sus propias reglas, fuera de todo control y regulación, y con proyecciones en los demás países de la región y también en los Estados Unidos. Existen Estados en nuestra región, mucho más fuertes y más desarrollados que el Uruguay, que tienen comprometido su futuro al ser rehenes de bandas de delincuentes organizadas, que llegan a controlar parte de sus territorios y a tener a sus poblaciones aterrorizadas.

Los recursos del crimen internacional organizado son cuantiosos y el frontón ético contra el que deben rebotar cada día es más débil. ¿Somos tan vanidosos como para pensar que estamos fuera de estos peligros?

El gobierno parece creer que la solución a todos los problemas es pedir plata y recurrir en cada urgencia, a las Fuerzas Armadas. Pero aún teniendo los cuantiosos recursos presupuestales que al Ministerio del Interior se le han dado los resultados siguen siendo insatisfactorios. Como en la Enseñanza, los recursos no faltan pero la autocrítica está ausente. Y en lo que a las Fuerzas Armadas, el gobierno ya les pidió que barrieran la ciudad, ahora les pide que cumplan funciones policiales, ¿vamos a recurrir a ellos para solucionar todos los problemas? En medio de tanta interpretación hemipléjica de la historia, ¿no sería bueno que cada uno cumpliera su rol al impulso de la modernidad y de la eficiencia?

Ver nota en: http://www.elpais.com.uy/110313/predit-553007/editorial/una-bomba-de-tiempo/

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