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México: la justicia ausente

Por Observador Global. En un país que desconfía de su sistema de justicia, donde la denuncia es escasa, sólo 2% de los crímenes tiene a sus culpables condenados y en prisión. La impunidad persiste y cuando el poder judicial es puesto en evidencia en un documental, una jueza prohíbe su difusión.

Sara Reyes Salazar era madre de diez hijos hasta el 3 de enero de 2010. Ese día perdió la primera hija, Josefina, una luchadora social que llevaba casos de denuncias contra militares por abusos a derechos humanos en la criminalizada Ciudad Juárez. En agosto fue el caso de Rubén, de 48 años y panadero de profesión. En febrero de 2011 quienes perdieron la vida fueron Elías y María Elena. Al cabo de trece meses, esta mujer de 76 años había perdido cuatro hijos, pero en ningún caso hubo causas naturales o de salud que motivaran los entierros. Todos fueron asesinados.

Josefina acabó con la cara desfigurada por los balazos. Su tragedia se había iniciado el 15 de noviembre de 2008 cuando le mataron a uno de sus hijos, Julio César. Y al año siguiente, el Ejército detuvo a Miguel Ángel de 26 años, acusado de nexos con el crimen organizado. Murió con la creencia de que el Ejército mató a su hijo.

Sara, su madre denunció, se quejó y se plantó ante las autoridades para exigir justicia. Nunca fue atendida. Con el luto aún presente por la pérdida de la hija y el nieto, llegó el asesinato de Rubén. Protestó nuevamente. No fue atendida. Le incendiaron la casa y sumó un nuevo pedido para que se hiciera justicia. No fue atendida. El 7 de febrero fue bajada de una camioneta junto a su nieta, pero se llevaron secuestrados a sus hijos Elías y María Elena, y a la nuera, Luisa Ornelas.

Protestó e hizo un plantón frente a la físcalía que llevaba el caso y viajó al DF para presionar al Congreso. En la capital mexicana se enteró el 25 de febrero del hallazgo de los cuerpos de sus hijos y de su nuera.

Volvió a protestar cuánto pudo, pero no halló respuestas oficiales. Un sobrino recibió una nueva amenaza: “mejor váyanse de la ciudad”. Junto a 23 de los 31 familiares que le quedan la trasladaron -en secreto- hasta la capital mexicana en la madrugada del sábado 5 de marzo para recibir protección del gobierno de esta ciudad (opositor al presidente Felipe Calderón) y hacer los trámites que le permitan asilarse en el extranjero (EE.UU. es la opción más viable) porque México no le ofrece garantías.

La historia y la tragedia de la familia Reyes Salazar es la del 98% de los crímenes denunciados en México pero que no son resueltos. Sólo 2% de los casos terminan con detenidos y condenados tras las rejas.

“Indolencia” fue el calificativo que utilizó Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para graficar la actitud ante esa pérdida familiar de las autoridades estatales de Chihuahua y el municipio de Ciudad Juárez.

Una indolencia que se traslada a todos los rincones del país. El propio comisionado, además de llevar el registro del 98% de casos sin resolver, precisa que en la última década a partir del año 2000 se cometen de 13 a 15 millones de delitos, de los cuales sólo se denuncian 1.5 millones y se producen 150 mil sentencias penales en los tribunales del país.

Si el caso de la familia Reyes Salazar genera indignación, también lo ha sido- porque en el contexto de la tragedia- el crimen del agente estadounidense, Jaime Zapata, de la Oficina de Inmigración y Aduanas, asesinado en febrero por el grupo criminal Los Zetas en San Luis Potosi (centro), fue resuelto en una semana. Y todo por responder a la presión del gobierno de Barak Obama.

Pero así como el caso Zapata se resuelve en días y una familia víctima de la violencia debe irse del país -por falta de respuesta del Estado y la justicia-, quedan miles de casos por resolver dentro de los 35.000 crímenes registrados desde que gobierna Felipe Calderón (fines de 2006). Ejemplos de esa impunidad abundan: Marisela Escobedo, asesinada en diciembre pasado en la puerta de la sede del Gobierno de Chihuahua, donde reclamaba por el crimen -sin resolver- de su hija Rubí; la matanza de 72 inmigrantes centroamericanos y sudamericanos en Tamaulipas en agosto de 2010 y el secuestro de 11.333 migrantes en ese año (en 8.9% de los casos habrían participado autoridades). El casi millar de mujeres asesinadas en un lustro en el Estado de México.

La impunidad también toca a la política: el militante de izquierda Guillermo Sánchez Nava fue golpeado en la cabeza -en enero pasado durante la campaña electoral en el Estado de Guerrero- y aún continúa hospitalizado con daños neurológicos irreversibles, sin que se haya detenido a responsables; el diputado federal Julio César Godoy, desaforado por sus vínculos con narcotraficantes, permanece prófugo desde diciembre pasado. Es el caso del candidato a gobernador por Tamaulipas, Rogelio Torre Cantú, y cuatro de sus colaboradores, balaceados el 28 de junio de 2010, por el que se ofrece recompensa para dar con los autores sin que alguno de ellos haya sido detenido; tampoco se sabe nada de quienes acribillaron al ex gobernador de Colima, Silverio Cavazos, al salir de su casa el domingo 21 de noviembre de 2010.

La impunidad desmoraliza a la gente que prefiere irse de la ciudad o del país como es el caso de Ciudad Juárez, o no denuncia porque no cree en la justicia. Plascencia Villanueva explica que la impunidad en México se refleja en sus centros penitenciarios (225.000 reclusos en el país) y que los estados con mayor nivel de inseguridad son también los que más carecen de castigos contra los delincuentes dando lugar a que la espiral de violencia siga creciendo.

¿Dónde está el problema? Una frase común entre abogados es que “en México el que la hace no la paga”. El académico y especialista en criminología, Enrique Díaz Arana, explicaba en una entrevista que en el caso del narcotráfico, donde radica la mayor parte de los casos de impunidad, las imputaciones provienen de testigos protegidos, denuncias anónimas y presunciones -que a la hora de llegar a un juez para que dictamine (en México la autoridad para investigar es el Estado, no el juez)-, se desmorona por la falta de solidez en las pruebas.

Primero se detiene y después se investiga, dijo Díaz Arana al diario Reforma, y eso explica que al detener a miembros de la delincuencia organizada, muchas veces las acusaciones son menores y el delincuente resulta liberado. Uno de esos casos es el de un hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Otro el de un hombre que acepta haber desintegrado 300 cuerpos que le entregaron narcotraficantes pero podría tener sólo una pena de hasta tres años porque así se establece para quien oculte, destruya o sepulte un cadáver.

Muchos confían y se esperanzan en la próxima aplicación de juicios orales como una manera de resolver casos con celeridad. La reforma entrará en vigencia en 2016, pero el ministro de la Corte Suprema de Justicia, José Ramón Cossío, alertó que de persistir el rezago en la capacitación de los servidores públicos involucrados, como jueces y policías, de poco servirán los cambios porque habrá “ un grado -increíblemente- alto de impunidad”.

El poder judicial mexicano, poco creíble como lo demuestra la baja proporción de denuncia, ha sido puesto en tela de juicio por un documental reciente multipremiado, “Presunto Culpable”, que ha abierto el debate sobre el ejercicio de la justicia como nunca había ocurrido en el país. El relato es del caso de una persona condenada por un crimen que no cometió pese a pruebas y evidencias de inocencia. Cuando llegó a las salas de cine, promovida incluso por el gobierno federal, una jueza ordenó que no se continúe proyectando, atendiendo a la demanda presentada por el defensor de los familiares de la víctima del crimen.

El olor a censura y el temor de medios judiciales a que se exhiba su trabajo ha puesto en sospecha a quienes de alguna manera son acusados y jueces al mismo tiempo. Un tribunal superior rechazó la orden de la jueza esta semana, pero el litigio aún no termina.

Ver nota en: http://observadorglobal.com/mexico-la-justicia-ausente-n18120.html

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