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Una propuesta de paz para la región centroamericana

Por Mónica Zalaquett para el Nuevo Diario de Nicaragua. Hace algunos días, un grupo de organizaciones de la sociedad civil de Centroamérica, Estados Unidos y Europa se reunió en Washington para proponer líneas estratégicas para la prevención de la violencia en la región, una de las más afectadas en el mundo, con tasas de homicidio que superan, como promedio, 40 por cien mil habitantes y una criminalidad en aumento.

Esta propuesta va dirigida a los gobiernos, las agencias de cooperación y los organismos multilaterales, para que sean tomados en cuenta al formular políticas integrales que permitan enfrentar de manera efectiva esta situación.

Existe una preocupación compartida por la tendencia de los gobiernos en el llamado triángulo norte, Guatemala, El Salvador y Honduras a dar continuidad a las políticas de mano dura, frente al tema de las maras y pandillas, cuando tales políticas han demostrado no sólo ser ineficaces sino claramente contraproducentes, por cuanto la violencia se ha incrementado la región.

La propuesta contiene los siguientes aspectos:

1.- Los problemas de violencia e inseguridad que afectan a nuestros países están en gran medida relacionados con los grandes problemas de la pobreza, desocupación, marginalidad y exclusión social, que impactan especialmente en la niñez y juventud. El 25% de los jóvenes en Centroamérica no estudia ni trabaja. Por tanto, programas de generación de empleo, pequeña empresa, emprendimiento, especialmente en las zonas críticas de las ciudades más afectadas por la violencia así como la inserción escolar y la educación técnica, son aspectos cruciales en la prevención de la violencia y el delito juvenil. En este esfuerzo es importante el rol de la gran, mediana y pequeña empresa y del movimiento cooperativo.

2.- Antiguos problemas no resueltos de desintegración y polarización social, como los conflictos étnicos, que en décadas anteriores se relacionaron con conflictos armados, guerrillas, regímenes represivos y procesos de exterminio social, también alimentan la violencia y delincuencia, pues a falta de respuesta de los partidos políticos y los estados nacionales, el crimen organizado trasnacional capitaliza dichos descontentos desde el ámbito local. Por lo tanto, los esfuerzos de integración y fortalecimiento del sentido de nación, los programas de desarrollo y superación del hambre y la pobreza en zonas aisladas y vulnerables al control del narcotráfico, deben ser contempladas en una estrategia de prevención.

3.- Nuestras sociedades están especialmente afectadas por el incremento del tráfico de armas y el lavado de activos relacionados a este tráfico, que impacta directamente en la alta tasa de homicidios por armas de fuego en la región, especialmente en el triángulo norte, una de las más altas del mundo (más de 40 por cien mil habitantes) y que convierten a la zona en un polvorín frente a cualquier conflicto social y/o político que se convierta en detonante. Por lo tanto, es urgente desarrollar programas efectivos de desarme y destrucción de armas a nivel comunitario, municipal, local y nacional, así como también fortalecer los controles institucionales sobre el trasiego de armas en la región. No se omite la importancia de que se adopten acuerdos internacionales que faciliten dicho control regional.

4.- La cultura de la violencia representa una de las causas más profundas y poco comprendidas de la crisis de seguridad que vive la región. Nos referimos en particular a los modelos de crianza violentos y autoritarios, y a la formación de masculinidades estrechamente asociadas a los comportamientos intransigentes y violentos, que dificultan el uso del diálogo para la resolución de conflictos. Hemos constatado que la violencia intrafamiliar y el abandono paterno están estrechamente relacionados con la violencia juvenil. Vemos también que la desocupación y la pérdida del rol económico en la familia impactan fuertemente en el sentido de masculinidad generando frustración y violencia en los hombres. Por lo tanto, programas dirigidos a fomentar el desarrollo de relaciones democráticas en espacios como la familia, la escuela y la comunidad, así como contenidos de educación destinados a la formación de masculinidades no violentas en la escuela, son un instrumento de primer orden en la prevención.

5.- Las cárceles de la región están llenas de millares de jóvenes e incluso adolescentes que sobreviven en condiciones extremadamente precarias y en constante violación a sus derechos humanos. Estas cárceles son un caldo de cultivo para el crimen, pues muchos jóvenes perfeccionan en ellas las habilidades delictivas. Por lo tanto, la mejoría de las condiciones intracarcelarias, el impulso de programas de rehabilitación efectivos, de educación para la no violencia y atención psicosocial en las cárceles son un instrumento importante para evitar la reincidencia en el crimen y propiciar la reinserción laboral y social de estos jóvenes. Otro de los grandes problemas es la mora judicial, la cual prolonga la prisión y afecta la alta tasa de población carcelaria en la región. Urge por tanto un mejoramiento de los sistemas de justicia. Cabe señalar que el tema de la descriminalización es todavía un debate por hacer.

6.- Las instituciones responsables de la aplicación de la ley carecen de suficientes recursos, personal debidamente capacitado y controles internos efectivos, lo que favorece la reproducción de la impunidad, incrementando la sensación de inseguridad de la población y su desconfianza hacia las instituciones del sistema de seguridad ciudadana. Por lo tanto, es indispensable incorporar cambios de fondo en las policías nacionales, dirigidos a su modernización y profesionalización, los cuales deben incluir procesos de sensibilización y formación de valores y el fortalecimiento de la función comunitaria de la policía. A su vez se deben fortalecer las fiscalías y los sistemas de justicia y mejorar los controles internos y externos, entre los cuales el control parlamentario y la capacidad de las comunidades para hacer auditoría.

7.- La privatización de la seguridad es un problema complejo, que ha dejado con una débil o sin ninguna protección policial a sectores importantes de la población, mientras una minoría se beneficia de los servicios privados de seguridad. Esto ha contribuido a debilitar a los cuerpos policiales y a fomentar la corrupción institucional que convierten la inseguridad en un negocio floreciente. Urge por tanto frenar este proceso fortaleciendo la institucionalidad de las policías nacionales e implementando un mayor control estatal sobre las fuerzas privadas de seguridad.

8.- Los medios de comunicación con frecuencia han distorsionado el problema de la inseguridad ciudadana, contribuyendo a estigmatizar y criminalizar a la niñez y juventud, en particular a la de bajos recursos, con lo cual se alimenta la percepción de inseguridad de la población. A la vez, la noticia roja y el sensacionalismo se han convertido en fuente de ingreso importante de los medios nacionales. Es urgente abrir procesos de capacitación y sensibilización destinados a periodistas y propietarios de los medios de comunicación, a fin de promover el ejercicio de un periodismo responsable y comprometido con la causa de la no violencia y consciente de la importancia de los medios en la construcción de una cultura de paz.

9.- La oferta de drogas para el consumo interno, ha crecido enormemente en la región, de manera que Centroamérica no sólo es territorio de paso de la droga que circula hacia los países del norte, sino que el comercio se ha masificado en ciudades, comunidades, comarcas y pueblos, donde se puede adquirir fácilmente, lo cual contribuye a la legitimación del narcomenudeo. Debido a ello las adicciones se han convertido en el primer problema de salud pública entre la juventud, a la vez que se empuja a muchos jóvenes a participar en la distribución de la misma.

Frente a ello, se hace urgente declarar el problema de las adicciones como un problema de salud pública, emprender programas preventivos en centros de salud, escuelas, comunidades y medios de comunicación, a la vez que se activan programas de empleo y pequeña empresa en las zonas más afectadas, que sirvan de freno a esta actividad.

La propuesta plantea la importancia de un acercamiento y coordinación permanente entre los diversos sectores involucrados en ella en los distintos niveles: comunitario o local, municipal, nacional y regional, lo que precisa de mecanismos y espacios de coordinación y alianzas entre líderes comunitarios, organismos no gubernamentales y de la sociedad civil, incluyendo las iglesias, fuerzas policiales, instituciones del Estado, empresa privada, medios de comunicación y otros sectores.

Cabe señalar que las experiencias más exitosas de prevención de la violencia han sido aquellas diseñadas e implementadas a nivel local, la mayor parte de ellas ejecutadas por la sociedad civil o donde las autoridades locales han jugado un importante liderazgo.

Para que una estrategia de este tipo sea posible, los gobiernos deben mostrar una voluntad de diálogo y apertura con los diversos sectores de la sociedad, como también entre sí, a partir de instrumentos regionales de integración como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el que a su vez debería establecer un espacio de coordinación permanente con grupos y redes de la sociedad civil regional.

La propuesta considera que los enfoques que se centran en el combate del crimen y el crimen organizado (tráfico de armas, tráfico de personas, lavado de dinero, narcotráfico, contrabando, entre otros), sin considerar los aspectos antes mencionados podrían tener repercusiones sumamente negativas para la región en la medida que empujarán a crecientes sectores de la niñez y juventud a las manos del crimen organizado, en vez de propiciar su integración en las sociedades. Señala que la lucha contra el narcotráfico será siempre más efectiva si se libra con un amplio apoyo social, del que carecen en estos momentos las políticas represivas.

Ver nota en: http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/97785_una-propuesta-de-paz-para-la-regi–n-centroamericana

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