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Nicaragua: Botín narco, ¿qué se hizo?

Por El Nuevo Diario de Nicaragua. Las autoridades incautaron al crimen organizado por lo menos 29.1 millones de dólares entre 2004 y 2010, y no existe hasta hoy información oficial que explique cómo ese dinero fue distribuido y el detalle de cómo se ha gastado. Lo único que se conoce es que la mayor parte del pastel se destinó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la Policía Nacional.

Estos cálculos se realizaron con base en fuentes independientes, pues no existe información oficial que detalle con certeza cuánto ha sido lo incautado.

Roberto Orozco, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), se dedicó en los últimos años a cuantificar lo incautado por la Policía Nacional. Aparte de los casi 30 millones de dólares, y una cantidad no determinada en otras monedas, ha logrado registrar 502 vehículos livianos (camionetas, sedán, vans), 161 vehículos pesados y 94 pangas.

Siete avionetas en 2009 y otros 13 medios aéreos en 2010

En 2009, la Policía reportó la incautación de siete avionetas, dos helicópteros, 35 viviendas y 11 fincas, pero “sólo en la operación que se efectuó sobre la Ruta del Lago, se incautaron 27 fincas en la isla El Muerto (Granada), en Chontales y en Boaco”, asegura Orozco.

En el informe que la primera comisionada Aminta Granera, Directora de la Policía, presentó el pasado 21 de marzo, se detalla que en 2010 incautaron 13 medios aéreos (avionetas y helicópteros), 74 bienes inmuebles (fincas y viviendas) y 339 vehículos. El decomiso de dinero en efectivo no se menciona en el informe.

Manejo de recursos es cuestionable y poco transparente

La forma en que la Corte Suprema de Justicia y la Policía Nacional manejan estos recursos resulta cuestionable y poco transparente para el presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento, diputado José Pallais.

“Sabemos que se han perdido cantidad de vehículos, otros han sido comidos por el sarro, se ha nombrado depositarios de bienes inmuebles a personas naturales, como depositarios de gente que no se sabe ni quién es, ni dónde está”, cuestionó Pallais.

El legislador asegura que lo incautado al narcotráfico se “ha perdido”, porque él como legislador y presidente de la Comisión de Justicia no sabe dónde está. “Lo que sí te puedo asegurar es que no están donde deberían estar”, señaló.

Confidencial intentó durante tres semanas consecutivas una entrevista con autoridades de la CSJ y de la Policía Nacional, para que nos dieran una explicación, sin embargo, no respondieron a nuestra solicitud, alegando diferentes motivos. Tampoco respondieron a sus obligaciones como funcionarios el fiscal Julio Centeno Gómez, el procurador Hernán Estrada y el ministro de Hacienda Alberto Guevara.

Para el investigador del Ieepp, en la medida en que la CSJ y la Policía no informen cómo se ha repartido el dinero, que digan: “en este número de cuentas han entrado tantos miles o millones de dólares de tal período a tal período… el dinero no podemos decir que tiene un destino bien definido”.

Hace tres semanas, la primera comisionada Granera dijo a los medios cuando le expresaron sobre el cuestionamiento, que el dinero no estaba perdido, y que la Policía se reservaba el derecho de acusar penalmente a quien se atreviera a expresar que ese dinero estaba perdido. Pero tampoco explicó cuál es el paradero de los recursos.

Pugna por distribución de recursos

La Ley 285 (Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras Sustancias Controladas) –derogada en parte por la nueva Ley de Drogas– establecía que los bienes incautados al narcotráfico debían distribuirse entre el Ministerio Público, el Sistema Penitenciario, la Procuraduría de Justicia y el Ministerio de Salud.

Esta Ley no establece recursos para la CSJ, pero los judiciales hacen una interpretación de la Ley de Carrera Judicial, que señala que el retiro de los magistrados y jueces se nutrirá, en gran parte, de los recursos incautados al narcotráfico.

El vocero de la CSJ, Roberto Larios, dijo escuetamente que el Poder Judicial utiliza el dinero para el retiro de los jueces, pero no precisó cuántos recursos han entrado a sus cuentas vía bienes incautados, o cuantos jueces han sido beneficiados.

Según queja de autoridades de las otras instituciones excluidas de la repartición, que se niegan a hablar en público, la CSJ y la Policía son las dos instituciones más beneficiadas con los recursos incautados al narcotráfico.

La Fiscalía, por ejemplo, se ha quejado siempre de que desde su fundación, hace 10 años, sólo ha recibido 150 mil dólares de los bienes incautados al narcotráfico, y la Procuraduría, en varios casos, ha recurrido de casación en juicios por drogas por no estar de acuerdo con la forma en que se repartieron los bienes.

Así funciona la repartición

Cuando la Policía o el Ejército realizan un quiebre de drogas lo pasan a los tribunales. Si a los sospechosos les allanaron propiedades, vehículos o efectivos, el juez busca un depositario que puede ser la misma Policía, la CSJ o la Procuraduría de Justicia.

En muchos casos, hay jueces que son depositarios de vehículos incautados al crimen organizado, y los usan para movilizarse, pero hasta hoy –debido a la falta de información pública– no se puede precisar cuál ha sido el destino final de vehículos y bienes inmuebles. Lo que sí se sabe es que las lanchas y aeronaves automáticamente pasan a manos del Ejército.

Buena Ley: papel mojado

Para acabar con la discrecionalidad en la repartición de los bienes incautados al narcotráfico fue aprobada en octubre del año pasado la Ley No. 735. Entró en vigencia el 10 de noviembre, y establece la creación de la Unidad Administradora de los Bienes Incautados, que estaría bajo la tutela del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), pero hasta hoy esta institución no crea los mecanismos para aplicarla.

Esta unidad sería la encargada, según la ley, de repartir en partes iguales entre la Policía, Fiscalía, PGR, Minsa, Unidad contra el Crimen Organizado, CSJ, Unidad de Bienes Incautados y Ministerio de Educación, el dinero en efectivo incautado al crimen organizado.

De la misma manera subastaría, para luego repartir el dinero, los bienes inmuebles y los vehículos cuyo cilindraje sea mayor a los 3,000 centímetros cúbicos. Los de menos capacidad serían repartidos entre la CSJ, la Fiscalía y la Policía. La ley establece que los bienes aéreos y marítimos pasan a formar parte automáticamente de la flota del Ejército.

Sigue manejo discrecional y desordenado

Pero la Ley no se está aplicando, y se desconoce cómo siguen repartiéndose o administrándose los recursos. Según el diputado José Pallais, sigue dándose un manejo discrecional y desordenado de dichos recursos.

Para Roberto Orozco, investigador del Ieepp, “no se ha terminado el problema que con la ley se pensó que se iba a resolver”.

“No han ido los recursos a donde deben ir, que es al Ministerio de Hacienda. No están pasando por la Tesorería General de la República. Estos recursos se siguen manejando discrecionalmente con falta absoluta de transparencia, sin que la Contraloría pueda perseguirlo”, expresó Pallais.

El doctor Guillermo Argüello Poessy, Presidente de facto de la Contraloría, confirmó a Confidencial que el órgano contralor jamás ha realizado una auditoría sobre bienes incautados al narcotráfico.

La disputa por 520 mil dólares en Rivas

Ya en vigencia la Ley 735, la Policía de Rivas incautó a dos salvadoreños 519 mil 940 dólares. Se abrió el proceso, y hasta el momento se desconoce cuál es el paradero de ese dinero.

“La orientación jurídica del Ministerio Público es que… deben depositarse en la cuenta única del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, dice una carta que la fiscal departamental de Rivas, Isolda Ibarra, le envió el 29 de noviembre pasado al jefe de Auxilio Judicial de ese departamento, comisionado Óscar Alemán Márquez.

Confidencial viajó a Rivas para hablar con Ibarra, y la fiscal confirmó que nunca recibió una respuesta de las autoridades policiales, y desconoce cuál es el paradero del dinero.

Pero el vocero de la CSJ, Roberto Larios, expresó que todo ese dinero está en una cuenta del MHCP.

“No pude estarse dando este manejo discrecional de recursos tan importantes, que deberían pasar inmediatamente al Ministerio de Hacienda como correspondería a una sociedad sujeta a un régimen de Estado de Derecho”, dijo el diputado Pallais.

Pallais le envió una carta al titular de Hacienda, Alberto Guevara, preguntándole sobre la creación de la Unidad de Bienes Incautados, y alertándole sobre el caso concreto de Rivas.

US$ 4 millones abandonados en la RAAS

El 15 de agosto de 2009, en Corn Island, Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), cuando estaba en vigencia la Ley 285, la Fuerza Naval del Ejército y el Ministerio Público se encontraron abandonados 3,967,125 dólares.

Menos de dos meses después de ese hallazgo, en Bluefields le incautaron 820,120 dólares a dos ciudadanos.

Por estos más de 4 millones de dólares hay dos cartas del fiscal departamental de la RAAS, Gerardo Suárez, orientándole al jefe policial de aquella zona, comisionado mayor Marvin Alemán Chavarría, que los pasara a la Comisión Nacional de Lucha contra las Drogas, para ser distribuidos entre las demás instituciones.

Se desconoce, sin embargo, qué pasó con el dinero. Lo que sí se sabe es que el Ministerio Público no recibió su parte. Y como este caso, hay muchos más.

Dinero debe pasar al Presupuesto General

El magistrado Sergio Cuarezma Terán considera que todos los bienes incautados al crimen organizado deben pasar a una cuenta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y luego revolver estos recursos con todo el Presupuesto General.

“Las instituciones deben cabildear ahí por sus recursos en la Comisión Económica de la Asamblea Nacional”, dijo el magistrado Cuarezma.

Ver nota en: http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/98237_bot%C3%ADn-narco,-%C2%BFqu%C3%A9-se-hizo

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