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Bogotá: El aumento de la criminalidad, entre el Polo y el Gobierno Nacional

Por Hugo Acero para Razón Pública. No son simples percepciones: la criminalidad en la ciudad está aumentando. Y aunque este hecho se achaque a factores como las BACRIM o la llegada de los desplazados, la explicación está en la seria descoordinación entre el gobierno distrital y el nacional, por la rivalidad entre el Polo y el gobierno de Uribe.

Corte de cuentas

Después de siete años de gobierno del Polo Democrático Alternativo (PDA) en Bogotá, es pertinente realizar un balance de su gestión en el tema de seguridad ciudadana en los períodos de los alcaldes Luis Eduardo Garzón (2004 – 2007) y Samuel Moreno Rojas (2008 – 2010).

Pero también es oportuno analizar el papel que el gobierno nacional ha tenido en esta materia en la ciudad, en particular los dos gobiernos del presidente Uribe (2002 – 2010), teniendo en cuenta que la seguridad de Bogotá no es responsabilidad exclusiva de los alcaldes.

Garzón: bajan los homicidios [1]

Para comenzar es importante evaluar las administraciones del Polo por los resultados en materia de violencia y delincuencia (delitos de mayor impacto), que reportan el Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana -CEACS-, de la Secretaría de Gobierno de Bogotá y de las encuestas de victimización y percepción de seguridad de Bogotá Cómo Vamos y del Observatorio de Seguridad de la Cámara de Comercio de Bogotá.

El Alcalde Luis Eduardo Garzón recibió la ciudad con una tasa de 24,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir con 1.605 homicidios que se registraron en el 2003. En el año 2004 logró bajar este indicador a 23,3 y en el 2005 la violencia homicida volvió a crecer 24,4 homicidios por cada 100.000 habitantes (ver el cuadro 1).

Frente a este aumento de la violencia homicida, la administración Garzón argumentó que se debía a la guerra entre los grupos de narco-paramilitares de Miguel Arroyabe y los “Buitragueños” de Martín Llanos, guerra que ya venía desde finales de los 90, que se recrudeció en el año 2002 y 2003, pero que no impidió la reducción de este delito durante esos años.

Frente a esos malos resultados, en el año 2006, cuando el alcalde Garzón decidió asumir el liderazgo en materia de seguridad y convocó regularmente al Consejo de Seguridad, exigiendo resultados concretos, se registró una importante reducción del 21,3 por ciento de los homicidios en Bogotá y se pasó de una tasa de 24,4 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2005 a 19,2 en el 2006. En este momento, como por arte de magia, desapareció el argumento de la lucha entre grupos de narco-paramilitares.

Finalmente, para el año 2007 la tasa de homicidios volvió a crecer a 20,1 por cada 100.000 habitantes sin que se diera ninguna explicación sobre este aumento.

Es importante resaltar cómo durante el período de Garzón la violencia homicida disminuyó en un 17 por ciento, al pasar de 1.605 homicidios que se registraron en el 2003 a 1.414 en el 2007. Con el buen resultado obtenido en el 2006, Garzón logró cumplir la meta que se había fijado en su Plan de Desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia”.

Moreno: aumentan los homicidios

En lo que va del periodo de Samuel Moreno y hasta el año 2010, la violencia homicida no ha dejado de crecer. Recibió la ciudad con una tasa de 20,1 homicidios por cada 100.000 habitantes que se registró en el 2007 y el año 2010 la tasa ya va por 23,6, es decir que durante estos tres años de gobierno los homicidios han crecido en un 17,4 por ciento, al pasar de 1414 casos registrados en el 2007 a 1739 en el 2010.

Frente a este aumento de la violencia homicida, la Administración ha recurrido a distintas interpretaciones, que van desde la actuación de las bandas criminales (BACRIM) mediante el sicariato, hasta la influencia del clima, pues los desastres naturales que han afectado a grandes regiones del país, también habrían agudizado el desplazamiento de ciudadanos hacia Bogotá; los desplazados estarían contribuyendo al alza de la violencia y de la delincuencia. Esta explicación es una forma indebida de criminalizar a los desplazados, quienes en realidad merecen ser tratados desde una óptica social.

En este campo, la administración fijó en su Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva” la meta de reducir el homicidio a una tasa de 16 homicidios por cada 100.000 habitantes al finalizar el 2011. Una meta que está lejos de cumplirse -y que ojalá se lograra en los meses que quedan.

Otros delitos: en general, aumentos

Sobre la base de las cifras de los demás delitos de mayor impacto, que reporta el Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana -CEACS- [2], y de los índices de victimización de la Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, a continuación se puede apreciar que el problema de inseguridad no se debe sólo a una mala percepción de los ciudadanos, como lo han manifestado en distintas oportunidades algunos funcionarios de la Administración, sino que corresponde a una realidad. En este caso se tiene que:

El hurto a personas aumentó durante los dos períodos de gobierno en un 143 por ciento, al pasar de 6.759 casos denunciados en el 2003 a 16.462 casos en el 2010.
Las lesiones comunes disminuyeron en los primeros años de gobierno del Garzón, de 9.447 casos denunciados a 6.522, para aumentar posteriormente hasta situarse en 11.480 denuncias reportadas. En los dos últimos años han disminuido a 9.154 en el 2010, como se puede ver en la gráfica 1.

El hurto de motos disminuyó en un 19 por ciento durante la administración Garzón, al pasar de 1.251 denuncias reportadas en el 2003 a 1.013 en el 2007, mientras que durante los tres años del gobierno Moreno, este delito ha aumentado en un 54 por ciento, al pasar de 1.013 casos en el 2007 a 1.559 en el 2010.
Con relación al hurto de residencias, durante los dos períodos de gobierno este indicador ha aumentado, como se puede ver en la gráfica 2

Los hurtos de vehículos disminuyeron de manera considerable durante los dos períodos de gobierno, pues se pasó de 5.040 casos registrados en el 2003 a 2.929 en el 2010, y los hurtos de establecimientos comerciales aumentaron durante la administración Garzón en un 10,3 por ciento y han disminuido en estos tres últimos años del Alcalde Moreno en un 13,6 por ciento (gráfica 3)

¿Percepción o realidad?

En lo que hace a la victimización, se pasó del 25 por ciento de los ciudadanos que en el 2003 manifestaron que ellos o un familiar habían sido víctimas de un delito, a 37 por ciento en el 2009, como se puede ver en la siguiente gráfica:

De acuerdo con las cifras, puede asegurarse que en este campo le fue mejor al alcalde Garzón, ya que cumplió la gran mayoría de las metas que propuso en su Plan de Desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia”, mientras que el alcalde Moreno está muy lejos de cumplir las metas que prometió.

Quiénes son los responsables

Son variados los motivos por los cuales Bogotá no pudo obtener buenos resultados en materia de seguridad ciudadana en estos dos períodos de gobierno del PDA.

Pero sería injusto achacar toda la responsabilidad a este partido, sin reconocer que el gobierno del presidente Uribe, que también tenía responsabilidad constitucional y legal en esta materia, tampoco hizo mucho por mejorar la seguridad de los ciudadanos de Bogotá. En ocho años no se le conoció ninguna acción directa, anuncio importante para mejorar la seguridad de Bogotá, como lo hizo con otras ciudades, o expresión de interés por coordinar acciones con los gobiernos de Polo en esta materia.

De casi ocho reuniones que el presidente Uribe tuvo con los dos alcaldes del Polo, solo en una se trató el tema de la seguridad y fue la primera reunión con el recién elegido alcalde Garzón en el 2004. Los demás encuentros se consagraron a otros temas como Transmilenio, descontaminación del río Bogotá, Tren de Cercanías, Metro, desplazados, salud, vivienda y educación. La seguridad brilló por su ausencia en las agendas.

Y si no hubo interés entre las partes para que se tratara este tema, se debió a que, por una parte, en Bogotá algunos funcionarios consideraban que si este asunto se trabajaba en coordinación con el gobierno nacional y había buenos resultados, se iban a atribuir a la política de Seguridad Democrática y no estaban dispuestos a compartir esos logros.

En el nivel nacional, lo que menos se esperaba era que le fuera bien al Polo, especialmente en seguridad. Rivalidad política que en muchos casos se sustentaba en mutuas desconfianzas: los unos consideraban que la cercanía ideológica de algunos miembros del Polo con las guerrillas hacían imposible tratar abiertamente con ellos los temas de seguridad y los otros no estaban dispuestos a trabajar con un gobierno de derecha, que creía que la única salida a los problemas de violencia y delincuencia era el uso de la fuerza.

Mutuas desconfianzas y disputas partidistas que politizaron, en el peor de los sentidos, la seguridad de Bogotá, mientras los índices de violencia y delincuencia crecieron, afectando el bienestar de los ciudadanos.

En medio de estas disputas partidistas los perjudicados han sido todos los ciudadanos y los únicos beneficiados son los delincuentes, quienes nunca averiguan por la filiación partidaria de sus víctimas, pues poco les interesa saber si son de la U, del Polo, liberales, conservadores, comunistas o verdes.

Pero mientras esto sucedía y sigue sucediendo hasta ahora durante el gobierno de Samuel Moreno, las distintas facciones del Partido de la U han manejado los recursos de la seguridad de la ciudad, administrando a su antojo el presupuesto del Fondo de Vigilancia y Seguridad, sin que exista coordinación con la Secretaría de Gobierno y sin poderse medir el impacto real en mejorar la seguridad de los ciudadanos. Un presupuesto que supera los setecientos mil millones de pesos y que ha resultado una rueda suelta de la estrategia de seguridad que se propuso el gobierno distrital.

Coordinarse mejor

Hoy, frente a los problemas de inseguridad, es necesario seguir insistiendo en que los gobiernos nacional y distrital deben sentarse a trabajar juntos para enfrentar el crimen organizado (las BACRIM, las bandas emergentes, los neo paramilitares o como se llamen), la delincuencia común y todos los factores que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana.

A propósito, ni en la reunión del presidente Santos con el alcalde hace unas semanas ni en otra reunión con las directivas del Polo el pasado 24 de marzo, apareció el tema de la seguridad en las agendas. Dios quiera, como quieren los ciudadanos, que este tema sea objeto de una coordinación adecuada.

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