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Colombia: La seguridad, en entredicho

Por Revista Semana. A la situación de seguridad en Colombia, en general, y a la evolución del conflicto armado, en particular, se les puede aplicar una variante criolla de la célebre Ley de Murphy: todo lo que es susceptible de mejorar también puede empeorar.

Ensimismado como estuvo el país con el discurso de los avances en seguridad durante las dos administraciones de Uribe, se pasaron por alto dos elementos fundamentales: la desmejora en algunos índices de seguridad ciudadana y el retroceso en indicadores claves en la evolución de la guerra y la violencia en el campo desde 2007-2008. El gobierno de Juan Manuel Santos proclama que continúa la mejoría heredada de la seguridad democrática y que la seguridad ya no es la primera prioridad, mientras sectores duros del uribismo critican su desempeño en este campo. Pero conviene despojar de interés político la discusión y echar una mirada desapasionada a las cifras. El cuadro que arrojan no conviene ni al actual gobierno ni al anterior. Y muestra que, de no mediar un cambio pronto en la estrategia de seguridad del Estado, la situación, tanto urbana como rural, puede empeorar, como ya ha ocurrido en numerosas zonas.

Las cifras más inmediatas son elocuentes. El último reporte del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia evidencia un severo deterioro en la situación entre el primer trimestre de 2010 y de 2011. Han crecido los casos y las víctimas de masacres y subieron los homicidios de alcaldes, exalcaldes, indígenas y sindicalistas, los civiles y militares heridos por minas, el secuestro y los ataques contra torres de energía, puentes y oleoductos. Datos del Ministerio de Defensa, de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol) y de otras fuentes así lo confirman.

En muchas regiones, combates e incursiones de gente armada de todo pelambre son el pan de cada día. La Policía tiene 12 departamentos bajo “especial atención”. Hay menos municipios afectados que en el pasado -339-, pero son demasiados. Un estudio reciente hecho para la Fundación País Libre por Alfredo Rangel, especialista de larga data en este tema, muestra cómo han crecido las acciones de las guerrillas mientras disminuye la operatividad de las Fuerzas Armadas, en especial en zonas críticas. La seguridad ciudadana -y la percepción de la gente sobre la misma- viene decayendo. El hurto, el raponazo y el atraco se han vuelto cotidianos. Aunque el homicidio a nivel nacional desciende lentamente, en algunas grandes ciudades y en no pocas medianas viene aumentando.

Lo que más preocupa es cuando se miran las tendencias de mediano plazo. En más de una docena de indicadores, tanto de seguridad ciudadana como del conflicto armado, es evidente que entre 2007 y 2008 hubo un cambio de tendencia. Muchas cifras de violencia, que venían drásticamente a la baja, empezaron a subir. En materia de conflicto armado están muy lejos de llegar a los máximos de 2002-2003, pero el cambio en la tendencia es una alerta temprana a la que no se le ha prestado la debida atención, ni al final del gobierno Uribe ni con Santos. Desde 2007-2008, suben las masacres, las extorsiones, las acciones guerrilleras, las víctimas que causan estas y los nuevos grupos armados, los muertos y heridos en servicio de la fuerza pública. Ciudades como Medellín y Cali han visto dispararse los homicidios desde entonces. Hugo Acero, en un reciente artículo en la revista digital Razón Pública, traza el aumento en algunos delitos, la baja en la denuncia y en la confianza en la justicia, el descenso en la percepción de seguridad y las disparidades en las cifras de homicidios entre Medicina Legal y la Policía.

No pocos expertos señalaron que la política de seguridad democrática dejaba flancos destapados, especialmente en materia de seguridad ciudadana. Muchos indicadores hoy, como los de lesiones personales, varios tipos de hurto, la extorsión y otros fenómenos, han disminuido un poco en el último año o año y medio, pero se mantienen en niveles superiores a los de 2007. La estrategia actual contra la guerrilla, que privilegia la operación aérea y los llamados ‘blancos de alto valor’, como capturar o matar a ‘Jojoy’ o a ‘Reyes’, ve pasar como agua entre los dedos las acciones de guerra de guerrillas con las que las Farc y el ELN se reacomodaron hace rato. La estrategia de lucha contra las llamadas bandas criminales (bacrim) no responde adecuadamente todavía a la estructura de redes locales, descentralizadas y móviles, de estos grupos. El sistema judicial está en situación crítica y la impunidad solo acentúa los incentivos para el crimen.

Aunque en el alto gobierno hay conciencia del problema, dar el giro de timón que demanda el pesado barco de la seguridad y la defensa para adecuarse a los cambios en la guerra y en la (in)seguridad urbana se está mostrando tortuoso. Los líos en la cúpula militar no hacen las cosas más fáciles. Entre los uniformados se habla, al más alto nivel, de que “la lógica triunfalista derivada de los grandes golpes terminó siendo un obstáculo para la operación cotidiana”. Rangel opina que la atención se ha centrado demasiado en las bacrim. Un alto miembro del gobierno cree que el Ejército está ante el “dilema estratégico” de meterse a pelear en profundidad con la guerrilla o quedarse cuidando lo recuperado. Cobrar blancos de alto valor es importante, y la guerrilla sigue en desventaja. Pero la vieja estrategia clama por cambios. Respecto al conflicto armado, a alto nivel en el Ministerio de Defensa están de acuerdo con el diagnóstico del problema, con que el cambio se origina en 2007-2008 y aceptan que ha habido tardanza para el reacomodo. “Hay que saltar de la estrategia de ‘blancos de alto valor’ a la de acabar con las organizaciones”, dicen, e insisten en que se está trabajando en esa dirección.

Un alto miembro del gobierno, que cree que parte del problema es que no se comunica bien al público el tema, describe lo que pasa en la cúspide: “El presidente está en una encrucijada: debería hablar más de seguridad, pero no quiere que se le vuelva su agenda. Y debería, porque el riesgo político es muy alto”. Hablar más puede ser parte de la solución. Pero, como están las cosas, no basta. La seguridad se está complicando. Y eso no se cambia solo con discursos.

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