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Guatemala, la parada técnica ideal para lavar dinero

Por Martín Pellecer para Plaza Pública de Guatemala. Su histórica falta de regulación que permite la evasión fiscal y su papel como retaguardia para narcotraficantes y crimen organizado han convertido a Guatemala en una parada técnica ideal para lavado de dinero.

La tolerancia guatemalteca a la corrupción que le impide, por ejemplo, fiscalizar las grandes futuras del país a estándares estrictos, atrae toneladas de dinero sucio de cárteles mexicanos y centroamericanos. Una evidencia de esta tolerancia es que entre 2009 y 2010 sólo había menos de dos docenas de condenas por lavado de dinero, en su mayoría a mulas atrapados en el aeropuerto mientras llevaban cientos de dólares.

Como en el resto de América Latina, desde el siglo XIX, el modelo agroexportador de multimillonarias acumulaciones de capital requirió de un sistema de fuga de capitales. A pesar de que el Producto Interno Bruto del país llega a US$30 mil millones, la tasa impositiva se ha mantenido desde 1945 hasta 2010 entre 6 y 10 por ciento. La evasión fiscal alcanza al menos 2 por ciento del PIB (con lo que casi duplica a los países de la región), mientras que la elusión fiscal (que es cuando se encuentran vericuetos legales para pagar menos impuestos de los que le corresponden) sumaría otros 2 por ciento, de acuerdo con estimaciones del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

“En los años ochenta y noventa fuimos testigos de dos eventos: la liberalización en todo el mundo del sistema financiero en contra de su represión a través de regulaciones, y el narco-boom en el continente americano”, explica Fernando Carrera, economista y analista político. “Guatemala también modernizó su sistema financiero legal para permitir operaciones financieras fuera de plaza (off-shore) para crear un portafolio más sofisticado de productos financieros”.

“Asimismo, la estructura de contrabando heredada de los regímenes militares se transformó en otras operaciones ilegales de tráfico de drogas, armas y personas. Estas organizaciones criminales necesitaban empresas de cartón para posibilitar el lavado de dinero proveniente de actividades ilegales. El sistema guatemalteco todavía permite que esto continúe”.

En 2010, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) incluyó a Guatemala en la lista de “países grises”, que no han firmado acuerdos internacionales para compartir información financiera relacionada con evasión fiscal y lavado de dinero. Un paso más lejos, Francia incluyó a Guatemala en la lista de 18 paraísos fiscales.

Lavado para evasión fiscal, corrupción y crimen organizado

El flujo del capital guatemalteco tiene tres orígenes: capital tradicional, capital emergente lícito y capital emergente ilícito.

La élite tradicional acumuló capital desde la colonia con la producción de añil, después lo diversificó en el siglo XIX hacia café, azúcar y bananos, y más tarde hacia el cemento y la cerveza en el inicio del siglo pasado. Ahora se ha movido hacia la producción textil, el sistema bancario y corporaciones multinacionales. Abarca fortunas que van desde la agroexportación hasta las finanzas globales.

La élite emergente lícita proviene de negocios comerciales, industriales, de infraestructura o relacionados al Estado (por medio de licitaciones o concesiones, por ejemplo), a una mayor escala desde la transición a la democracia desde 1985. “Es desde este período cuando los políticos se convirtieron empresarios y viceversa para formar el típico empresario político (political entrepeneur)”, describe el diputado unionista y ex ministro de Finanzas José Alejandro Arévalo.

Obviamente, muchos de estos empresarios emergentes no evaden impuestos ni tienen nada que ver con la corrupción y logran ser productivos y exitosos. Son los menos los que sí están involucrados en actividades ilícitas los que necesitan lavar sus ganancias.

La industria más rentable del capital emergente ilícito es el narcotráfico, pero su poder va más allá: tráfico de personas, robo de carros, tráfico de armas y municiones y el contrabando de bienes naturales y culturales a través de México, Honduras y Belice son las actividades que le siguen.

“Todos (estos capitales) lavan dinero, generalmente de forma independiente de los demás”, dice Arévalo. “Los capitales tradicionales y emergente lícito se benefician de las exoneraciones y la falta de aplicación de la ley en asuntos fiscales o a través de contratos con el Estado. En cambio, el capital emergente ilícito requiere que el Estado esté a su servicio”.

Arévalo añade que los empresarios políticos pueden ser asimilados por la élite tradicional a través de matrimonios o de éxito económico. A diferencia de estos, los capitales emergentes ilícitos son rechazados por la élite tradicional y pelean de forma violenta para ser parte de la foto social.

La teoría del globo en la región

La teoría del globo es conocida para explicar las dinámicas del narcotráfico en el continente americano. Ésta explica que no importa cuán fuerte o dónde se presione el globo, el aire se va hacia otro lado. Por ejemplo, en los ochenta, los primeros cárteles colombianos aterrizaron sus vuelos y atracaron sus barcos cargados de cocaína directamente en Estados Unidos, en especial en Florida vía el Caribe. Sin embargo, cuando las autoridades estadounidenses lograron cerrar esta ruta, los cárteles cambiaron sus rutas hacia el corredor mexico-centroamericano.

De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas sobre la Droga y el Crimen (UNDOC), para 1998, 58 por ciento de los cargamentos de cocaína eran transportados a los Estados Unidos a través del corredor mesoamericano (México-Centroamérica), 30 por ciento vía el Caribe y 11 por ciento por medio de vuelos directos o barcos de múltiples orígenes. En 2006, el Departamento de Justicia de EEUU dijo que el 90 por ciento de las drogas llegaban vía Mesoamérica, y dos tercios de ésta por medio del Pacífico y sus costas. El resto atravesó el Caribe, particularmente por la isla de la Española, de Haití y República Dominicana.

La teoría del globo también aplica para las plantaciones de cocaína. Unas mil toneladas de cocaína se producen anualmente en los Andes entre Colombia, Perú y Bolivia para ser exportadas a Estados Unidos, Europa, Suramérica y Asia. Oficiales aseguran que gracias a la presión aplicada en Colombia, Perú se está convirtiendo ya en el primer productor mundial de cocaína.

Lo mismo ocurre con el lavado de dinero. Hace 30 años, prácticamente no se perseguía el lavado de dinero de los cárteles de Miami. Sólo fue hasta que empezaron a atacarlos que el negocio de la droga movió su lavado de dinero hacia otros mercados. Esto potenció la creación de paraísos fiscales en el Caribe, México, Centroamérica y Panamá.

El lavado de dinero trae consigo violencia. Como sucedió en Colombia en los noventa y está ocurriendo en México, los niveles de asesinatos en Guatemala se triplicaron en una década hasta llegar a los 6,000 en 2009 y 2010.

Tener 400 toneladas de cocaína transportadas anualmente en un país de 14 millones de habitantes –del tamaño de Florida– es letal en términos de corrupción y violencia. Esto sumado al conflicto armado interno de 36 años con 200,000 muertos y 50,000 desaparecidos, y que más de 90 por ciento de estos fue cometido por las fuerzas del Estado, apoyadas por Estados Unidos, Taiwán e Israel.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue creada como un organismo híbrido de Naciones Unidas que consiste de investigadores y fiscales internacionales y guatemaltecos para desmantelar redes de crimen organizado incrustadas en el sistema de seguridad y justicia.

La CICIG ha logrado procesar a un expresidente, exgenerales, excoroneles y empresarios de la élite –todos ellos considerados intocables para la justicia. La comisión es considerada un modelo para la región y espera aportar para disminuir la impunidad en Guatemala. Su jefe, el costarricense Francisco Dall’Anese, considera que el dinero en efectivo que los cárteles mexicanos están moviendo para invertir y lavar en la región es la mayor amenaza para Centroamérica. “Los cárteles van a defender sus intereses aquí porque les permite comprar políticos, jueces, fiscales, policías y todo lo que quieran, además de financiar campañas políticas. Esto es el verdadero problema”, advierte.

La cantidad de dinero que se puede lavar es a todas luces atractiva. Alrededor del 10 por ciento del dinero de las 400 toneladas de cocaína transportadas desde Suramérica hacia Estados Unidos se queda en Guatemala. Esta cantidad puede llegar a unos US$500 millones, más o menos 2 por ciento del PIB guatemalteco. A esto hay que sumar otros US$400 millones del presupuesto nacional del Estado que son gastado de manera opaca, sin cumplir estándares de transparencia, lo que aumenta las posibilidades de que sean utilizados para corrupción y lavados.

¿Cómo contrarrestar esta tendencia?

En algunos países, esta situación sería psicológicamente devastadora. En otros, más resilientes, como Guatemala o Colombia, el camino para vencer a la corrupción es un viaje largo que comienza con pequeños pasos. Hay una ley anti-lavado que fue aprobada en 2001 y que comienza a dar sus frutos. La Intendencia de Verificación Especial (IVE), ha creado una de las mejores redes para análisis y prevención de la región. Esto aunque todavía sufra de la falta de capacidades y de descoordinación entre fiscales y policías. “Se necesitan más condenas”, dice el magistrado Gabriel Gómez, uno de los más respetados del tribunal.

La IVE ha referido más de 400 casos al Ministerio Público (MP) en los últimos años. Desde 2009, sólo 80 de estos casos han alcanzado juicios y sólo 23 han resultado en condenas. En la mayoría de estos, las personas fueron capturadas in fraganti en el aeropuerto con grandes sumas de dinero, pero los otros casos (más de 300) no fueron perseguidos por negligencia o falta de capacidad.

Eso sí, los casos de la IVE pueden ser muy complejos y paradigmáticos. A finales de 2010, uno de los casos involucró a una red de 300 personas que lavaron US$40 millones desde Panamá y Colombia usando tarjetas de crédito, transferencias electrónicas y exportaciones. En otro caso, un empresario de la élite fue juzgado por evadir US$50 millones. Y el expresidente Alfonso Portillo está acusado de robar y lavar US$25 millones. Todos estos son casos paradigmáticos en la lucha contra el lavado de dinero del crimen organizado, la evasión fiscal y la corrupción.

El camino por delante es extenso y las capturas son todavía pocas, en parte por la percepción acentuada de que el lavado de dinero no es unc rimen serio. “Todavía tenemos que hacer conciencia en las personas de las consecuencias del lavado de dinero”, dice el magistrado Gómez. Muchos fiscales, jueces, abogados y empresarios todavía consideran que el lavado de dinero ocurre sólo cuando un mula es capturado in fraganti en el aeropuerto con dinero excesivo. No hace un esfuerzo serio para investigar actividades como la evasión fiscal, la corrupción y el crimen organizado, que son los mayores canales para el lavado de dinero.

Dos leyes críticas fueron debatidas en 2010. Una, aprobada en diciembre, fue la ley de Extinción de Dominio, que permite a las autoridades confiscar propiedades cuando sus dueños no pueden demostrar su origen legal. La segunda pretende que el país pueda cumplir con los requisitos demandados por la OECD: 1) Permitir que la SAT tenga acceso a información bancaria; 2) Permitir que la SAT intercambie información con otros países; y 3) Eliminar las acciones anónimas en las empresas y sociedades.

Ambas iniciativas enfrentaron una fuerte oposición de las élites económicas y de caciques regionales (que son líderes políticos) representados en el Congreso. Alegan que su propiedad y su seguridad personal quedaría amenazada con estas leyes, mientras expertos dicen que la regulación no debería asustar a nadie que no haya adquirido propiedades por medio de lavado de dinero proveniente de crimen organizado, evasión fiscal o corrupción.

El mercado político, las presiones y el lobby hecho por actores internacionales, miembros de la sociedad civil y políticos con prestigio para promover el cambio está sólo emprezando. Para Ricardo Barrientos, exviceministro de Transparencia y economista del ICEFI: “Estas acciones son una condición esencial para la lucha contra el lavado de dinero, lo que podría ser una revolución en Guatemala”.

Ver nota en: http://plazapublica.com.gt/plazapublica/index.php?option=com_content&view=article&id=458%3Aguatemala-la-parada-tecnica-ideal-para-lavar-dinero-&catid=41%3Aguatemala&Itemid=54

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