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Guatemala camino a la ingobernabilidad

Editorial diario La Nación de Costa Rica. La frecuencia de las noticias sobre asesinatos en Guatemala subraya la angustiosa inseguridad de un país considerado entre los más peligrosos del mundo. Con estos antecedentes, la masacre ocurrida durante la noche del 14 de mayo, cuando fueron decapitados 28 humildes trabajadores agrícolas de San Benito, en el norteño departamento del Petén, agudiza las serias dudas acumuladas en torno a la gobernabilidad del país. Más allá de la posible reacción represiva del Gobierno para encontrar y castigar a los responsables de la matanza, yace la urgente necesidad de fortalecer y mejorar las instituciones constitucionales que sustentan la seguridad ciudadana en un Estado de derecho.

Desde luego, avanzar por ese camino, usualmente plagado de arenas movedizas, conllevaría una lucha más eficaz contra el crimen organizado, en especial el narcotráfico. Precisamente, la masacre que motiva este comentario es atribuida a Los Zetas, una banda criminal surgida en México, que se ha extendido por el norte de Guatemala. A Los Zetas se les acusa también de la matanza de 183 campesinos cuyos cuerpos fueron encontrados en una fosa común en abril, así como de 72 migrantes hallados en una tumba colectiva en agosto, ambos sucesos en la zona de Tamaulipas, México.

Los Zetas empezaron como una pequeña banda del cartel del Golfo, en México. Sin embargo, la región del Petén crecientemente se transformó en una operación de mayor envergadura debido a la ventaja geográfica que ofrece como puente terrestre entre el istmo centroamericano y México. Asimismo, los pobladores de este departamento estuvieron expuestos a la cruenta guerra civil guatemalteca que se extendió de 1960 a 1996, en la cual muchos lugareños combatieron contra el Gobierno. Además, como región remota, mayormente despoblada y con grandes extensiones de pantanos y junglas, el Petén ha alentado el dominio de Los Zetas, quienes cuentan con la ayuda de antiguos miembros de las tropas élite del ejército guatemalteco, conocidos como “kaibiles”.

En los últimos meses, como parte de una campaña de intimidación, Los Zetas acentuaron la brutalidad de sus acciones. De hecho, la decapitación en serie ocurrida en San Benito se desenvolvió en el curso de un interrogatorio público acerca del paradero de un terrateniente del área. El relato de testigos presenciales ha permitido identificar a “kaibiles” en la vanguardia del escuadrón de homicidas que perpetró la horrenda ordalía en San Benito.

Pero hay mucho más de por medio en esta cadena sangrienta. Un extenso artículo de David Grann, que casi agotó el contenido de una edición reciente de la revista The New Yorker, sobre el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg en la capital de Guatemala, arrojó luz con respecto a las extensas ramificaciones del crimen organizado. La nociva influencia de las mafias criminales se extiende en la sociedad guatemalteca y contratar la liquidación de seres humanos, por cualquier motivo, se ve sencillo. Esta es una cara de la violencia que a diario sacude a la nación centroamericana y amarga la existencia de personas de cualquier nivel social, desde humildes campesinos hasta elevados líderes empresariales.

El déficit de confianza en las instituciones fundamentales de Guatemala no debería sorprender. La creciente falta de confianza de la ciudadanía en la integridad de los funcionarios públicos corre pareja con el descubrimiento diario de corruptela anidada en los poderes del Estado. A un expresidente de la nación se le habían comprobado depósitos millonarios en sus cuentas bancarias personales fuera del país, algunos en efectivo y conexos a empréstitos o pagos al Estado. No obstante, resultó súbitamente exonerado de cargos de corrupción por un alto tribunal y, con razón, los ciudadanos se sienten engañados. Sentencias de esta índole socavan la legitimidad general de las actuaciones judiciales y siembran un precedente nefasto para el sistema democrático.

El panorama general que presenta el Estado guatemalteco es de debilidad institucional y corrupción oficial. Sumemos a este cuadro la ausencia de gobernabilidad que afecta a vastas porciones del territorio y a importantes segmentos de la población. La frivolidad para eludir los límites de la ley, mostrada por altas autoridades con miras a las próximas elecciones presidenciales, tampoco favorece la imagen ni la firmeza institucional del país.

El vacío que de esta forma se ha creado atrae a las mafias criminales dispuestas a aprovecharlo para sus oscuros fines. No creemos que este fenómeno haya llegado aún a las dimensiones de algunos Estados fallidos, como Somalia, pero no atender los flancos de vulnerabilidad puede resultar fatal para la supervivencia de la legalidad y la democracia con libertad que, estamos seguros, una vasta mayoría de hombres y mujeres de Guatemala ambicionan y merecen.

El listado de las tareas que demandaría reorientar el curso del país por el camino a la gobernabilidad es complejo. Sin embargo, es una tarea impostergable. Cada día, cada asesinato, cada episodio de corrupción o denegación de justicia, es un día disfrutado por el narcotráfico para socavar el futuro de Guatemala. El inicio creíble de dichos esfuerzos permitiría alentar la fe y una positiva dinámica de la comunidad democrática internacional y de tantos inversionistas, turistas, estudiantes y familias vinculados con Guatemala.

Ver nota en: http://www.nacion.com/2011-05-22/Opinion/Editorial/Opinion2785239.aspx

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