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Freeway de armas al Sur

Reportaje de Plaza Pública. Las avenidas para el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos hacia México y Guatemala asemejan una enredada autopista de múltiples carriles. Las principales son las más obvias: armas compradas a distribuidores autorizados en EE.UU. y sacadas de contrabando. En ocasiones, sospecha el Senado, bajo la vigilancia de autoridades estadounidenses, para seguir su rastro y capturar después al comprador final en México y Guatemala. Otras son sacadas de almacenes militares en Guatemala.

En 2006, a EE.UU. le preocupaba que las armas que empresas estadounidenses vendían a Guatemala cayeran en manos equivocadas. Prohibió exportaciones, como lo consigna un cable de la embajada estadounidense, filtrado por Wikileaks. Tres años después, se comprobó que los traficantes encontraron otras opciones.

El año que prohibió las exportaciones, compradores fachada adquirieron varios lotes de armas en Texas, EE.UU., y luego las vendieron a compradores en México y Guatemala, y cooperaron para hacerlas llegar hasta ambos países. Autoridades de Tennessee también descubrieron que un guatemalteco compró armas en una tienda en ese estado, y las llevó ocultas en varios vehículos a Guatemala. Las armas en varios de estos casos fueron vinculadas a hechos violentos.

En Guatemala, algunos intermediarios en el tráfico de armas abren empresas fachada, o “se asocian” con otras empresas establecidas, cuyos dueños las ofrecen como fachada para el trasiego ilegal de armas, según un informe “Armas y Municiones: Mercado Legal y Tráfico Ilícito”, que divulgó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2010.

El traficante aprovecha la falta de controles en algunos países exportadores, y adquiere armas con “certificados de usuario final firmados por alcaldes”, o algunas instituciones del Estado, para cumplir el requisito de destinar las armas a una autoridad. “Sin embargo, el destino final es otro”, indica el informe de la CICIG.

Aun cuando los traficantes usan puntos fronterizos oficiales, llevan las armas ocultas en vehículos de doble fondo. También utilizan puntos ciegos donde el vehículo no será revisado. Hay 45 puntos en las fronteras con Guatemala por donde las armas son trasegadas hacia el país.

Rápido y furioso

El 9 de marzo pasado, el senador estadounidense republicano Charles Grassley interrogó a la Secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, respecto a una investigación que identificaba involucramiento oficial estadounidense en el tráfico de armas hacia México.

La investigación surgió después que agentes federales estadounidenses murieron en dos balaceras a principios de 2011, y que las armas que los detectives recuperaron—entre ellas, dos fusiles AK-47—fueron vinculadas con sospechosos que ya investigaba el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).

Grassley acusó a agentes del ATF de permitir que cientos de armas “fluyeran” desde armerías en EE.UU. hasta criminales en México y Centroamérica, para fortalecer casos y reunir más evidencias contra prominentes traficantes de armas.

El operativo, bautizado “Rápido y Furioso”, facilitó el ingreso de numerosas armas a México, según Grassley lo denunció al ATF y al Fiscal General, Eric Holder, de EE.UU. en una reporte del 3 de marzo pasado. Algunos informes de prensa dan cuenta de unas dos mil armas. Además, refieren que el lapso del ingreso de armas coincidió con el incremento de homicidios en México en el mismo período (alrededor de 2007), de acuerdo con informes de agentes del ATF, asignados en ese país. El operativo se desprende del “Gunrunner Project”, o Proyecto Mensajero de Armas, del ATF.

La discrepancia entre agentes del ATF en Phoenix, Arizona, respecto a cuándo concluir el operativo y capturar a los traficantes de armas, llevó a algunos agentes a denunciar el caso ante el senador Grassley.

Remedio peor que la enfermedad

Las débiles leyes de armas y las limitaciones investigativas, impuestas por quienes cabildean a favor del mercado legal de armas, causan que muchos casos de tráfico de armas acaben en castigos menores, según publicó el Washington Post el 9 de marzo pasado.

El diario estadounidense indicó que los llamados “compradores de papel” (o compradores fachada) rara vez son acusados por más que mentir por escrito en formularios federales, requeridos para la compra de armas de fuego en EE.UU. La pena máxima es de cinco años de cárcel y una multa de US$250 mil (unos Q1.9 millones).

“No hay ningún estatuto contra el tráfico de armas”, dijo al Post James Cavanaugh, un supervisor de la ATF retirado. “Hemos estado gritando durante años que necesitamos un estatuto contra el tráfico de armas porque es tan difícil probar estos casos”.

Un ex diplomático de la embajada de México en EE.UU. en 2010 aseguró que a su país le preocupaba estar en medio de dos países con políticas de armas tan permisivas como EE.UU., particularmente Texas, y Guatemala. En contraste, en México, las leyes de propiedad de armas son bastante restrictivas, según Eric Olson, investigador asociado principal del Instituto de México en el Woodrow Wilson Center, en Washington. Esto sin contar las facilidades para el contrabando de armas en México; eso otra historia.

“Ingresar armas de contrabando a México es relativamente simple porque el control fronterizo para el tráfico de ingreso [de mercadería, personas y vehículos] suele ser débil”, dijo Olson para este reportaje. “Las autoridades mexicanas generalmente no buscan armas dentro del país, pero esto está cambiando por el alto nivel de criminalidad y de violencia causado por armas de fuego”.

En Guatemala, después de casi una década de discusión en el Legislativo, la Ley de Armas y Municiones fue aprobada sin disposiciones que puedan significativamente reducir la circulación de armas legales o ilegales en las calles. Un estudio divulgado por la policía estimó que hace dos años había al menos un millón de armas ilegales circulando en el país. Mientras tanto, las cifras de armas incautadas aumenta.

Resultados dudosos

En EE.UU., la falta de legislación adecuada significa que los agentes que quieren ganar casos grandes a veces deben “observar las armas viajar hacia las manos de los criminales, quienes las usan en crímenes más serios, como narcotráfico”, indica el Post.

El diario estadounidense asegura que varios agentes del ATF admiten el uso de tácticas agresivas, en sus intentos por desmantelar estructuras de traficantes de armas vinculadas a los narcotraficantes mexicanos. Mientras tanto, en una carta a Grassley, el Fiscal General auxiliar, Ronald Weich, aseguró que el objetivo del operativo era “desmantelar la organización completa de traficantes, y no sólo los compradores en papel”. Sin embargo, en 2010, la Inspectoría General del Departamento de Justicia de EE.UU. criticó al ATF por no conseguir resultados en casos de alto perfil de tráfico de armas.

En un comunicado oficial del 4 de marzo de 2010, el subdirector del ATF, Kenneth E. Melson, divulgó que entre 2005 y 2009, operativos en los estados fronterizos con México generó la captura de 1,397 personas, la condena de 850 (algunas a siete años de cárcel), la investigación de 497 casos involucrando el tráfico de unas 14,923 armas, de las cuales las autoridades decomisaron cerca de 6,688 armas (el 45 por ciento).

En 2007, unas 330 armas fueron compradas en Houston, Texas. En México, las autoridades hallaron 88; en Guatemala, cuatro. En diciembre de ese año, dos pistolas compradas en McAllen, Texas, fueron decomisadas en 25 de marzo de 2008, en Zacapa, Guatemala, luego de la matanza de 11 personas, incluyendo al presunto narcotraficante Juan José “Juancho” León.

En 2009, por ejemplo, la policía, fiscalía y el ATF en Nashville, Tennessee, procesaron a cuatro guatemaltecos y un policía local por facilitar el envío de armas a los clanes Lorenzana y Mendoza, a quienes identifican como narcotraficantes. De las 23 armas rastreadas, las autoridades sólo confiscaron cinco.

Otras armas acabaron en manos del Cartel del Golfo, de Sinaloa y Tijuana, así como del grupo de mercenarios los Zetas, ex brazo armado del Golfo.

¿Fin que justifica los medios?

Pese a los resultados que el ATF divulga, el senador Grassley asegura que el fin no justifica los medios. “Desmantelar carteles mexicanos del narcotráfico es una meta loable”, dijo en el reporte que envió a la Fiscalía. “No obstante, permitir a los traficantes de armas que armen a los carteles y los bandidos, sin control de las armas, o conocimiento de la ubicación de las mismas, es una estrategia extremamente riesgosa”. Como en México, en Centroamérica se presume que la alta circulación de armas tiene incidencia directa en la tasa de homicidios.

El informe de la CICIG subraya que Centroamérica, en especial, Guatemala, El Salvador, y Honduras, son la subregión de América que representa el mayor índice de muertes provocadas por armas de fuego. En 2008, año en que muchas de las armas traficadas ya estaban en Guatemala, hubo 46 homicidios por cada 100 mil habitantes. La Organización Panamericana de la Salud establece que cuando hay ocho por cada 100 mil habitantes el problema es epidémico.

De 6,292 muertes violentas en 2008, se subió a 6,451 (según CICIG), y por primera vez en la década hubo una reducción en el número de casos en 2010: un 8 por ciento menos. No obstante, cerca de ocho de cada diez víctimas murió por heridas de arma de fuego.

Ver nota en: http://plazapublica.com.gt/content/freeway-de-armas-al-sur

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