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Veracruz (México): Ganando la partida al ‘narco’

Por El País de España. “El año 2011 ha sido crítico y septiembre, el peor mes para Veracruz desde que llegó Hernán Cortés”, dice Luis Alberto Martín Capistrán, presidente de los empresarios de este rico Estado del este de México. Ese mes, la violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado alcanzó el clímax cuando en tan solo dos días un grupo paramilitar apenas conocido, los Matazetas, arrojó en las calles de Boca del Río, municipio turístico unido al puerto de Veracruz, más de medio centenar de cadáveres de personas presuntamente relacionadas con el cartel de Los Zetas. Fue el punto culminante de una ola de violencia que durante meses puso de rodillas a la sociedad civil veracruzana, pero también el momento en que las autoridades reaccionaron para retomar el control de la situación.

El Estado de Veracruz, una franja de litoral de 750 kilómetros de extraordinaria riqueza natural, fronterizo con otros siete Estados, es clave por población —7,6 millones de habitantes— y economía —representa el 6% del PIB nacional— para México y más aún en un año electoral como 2012. Toda esta California mexicana —no es extraño que a sus ciudadanos se les escape la frase “si fuésemos un país independiente…”— vivió el año pasado sumergida en una pesadilla colectiva donde los secuestros, el robo de vehículos, la extorsión y las balaceras estaban a la orden del día.

“Los hoteles de cinco estrellas dormían vacíos”, apunta el presidente de la patronal. “No había nadie por las calles a las nueve de la noche, tocar el claxon al carro de delante se convirtió en una temeridad”. “Los ciudadanos nos impusimos nuestro propio toque de queda”, recuerda Jeremías Zúñiga, del Consejo Ciudadano de la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) en Veracruz. Además, “surgieron quienes se hacían pasar por Zetas y extorsionaban a los más débiles económicamente”. La extorsión, muchas veces telefónica —habitualmente un sicario preso llama desde la cárcel a su víctima para exigir una cantidad pequeña, unos 30.000 pesos (unos 2.000 euros)— no solo afectaba a locales, comercios o transportistas sino también a profesionales, desde médicos a notarios. En las calles abundaban los halcones, taxistas o vendedores de tacos que por mil pesos o bajo amenaza de muerte servían como informantes de los Zetas. Algunos empresarios amenazados huyeron a EE UU.

La cita con Josué Azuara, médico forense, no resulta fácil. Una vez en el Café del Portal, junto al zócalo de Veracruz, se explica: “Si me llaman por teléfono y no sé quién es me quedo callado. Tengo miedo a las amenazas, a que me exijan dinero o busquen información”. Azuara reconoce que la seguridad ha mejorado desde diciembre, “sobre todo en lugares blindados como Veracruz o Xalapa, la capital del Estado, pero quedan zonas donde no existe esa protección”. “Yo no me atrevería aún a viajar por carretera al norte”, advierte.

La situación empezó a cambiar el pasado octubre cuando la seguridad del Estado pasó a manos de la Marina, sustituyendo a unas fuerzas de policía infiltradas por el crimen organizado. Poco antes habían aparecido los Matazetas, una organización envuelta en el misterio sobre la que pocos dudan de que tenga apoyo militar y muchos más prefieren mirar para otro lado, ya que sus acciones están obligando a replegarse a los narcos.

El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, de 38 años, representante de la nueva generación del PRI (Partido Revolucionario Institucional), reconoce que de septiembre a noviembre fue un trimestre negro. Para esas fechas, el medio centenar de muertos relacionado con la violencia del narcotráfico en 2010 había pasado a más de 200. Los Zetas, explica Duarte, “funcionan como un holding que quiere el monopolio de la delincuencia. La droga es ya solo uno de sus negocios, además del tráfico de personas, los secuestros, la extorsión, la prostitución, el robo de petróleo…”.

El Estado de Veracruz es un corredor por el que desde el sur sube el tráfico de drogas y de inmigrantes centroamericanos con destino a EE UU y del norte bajan las armas gringas que permiten a los delincuentes contar con un arsenal muchas veces superior al de las fuerzas de seguridad. Con el objetivo de controlar ese pasillo están en construcción dos bases militares en cada extremo del Estado, una en Tempoal, al norte, y otra en Acayucan, al sur.

Policías mejor preparados y pagados

Duarte, que lleva poco más de un año de gobernador, recibió una herencia envenenada tanto en seguridad como en economía de su antecesor en el cargo y padrino político, Fidel Herrera. Lo que ha marcado la diferencia, asegura, “es que ahora existe una mayor coordinación con el Gobierno federal”. Centenares de agentes han sido despedidos por sus vínculos con el narco y se han formado ya 1.800 policías mejor preparados y, sobre todo, mejor pagados.

Ver nota completa: http://internacional.elpais.com/internacional/2012/01/21/actualidad/1327173814_116561.html

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