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Amnistía Informe 2012: Seguridad pública y derechos humanos

Seguridad pública y derechos humanos por Amnistía Internacional.

Los gobiernos siguieron explotando motivos legítimos de preocupación sobre la seguridad pública y los elevados índices de delincuencia para justificar o ignorar las violaciones de derechos humanos cometidas por sus fuerzas de seguridad al responder a actividades delictivas o a grupos armados.

El gobierno mexicano cerró los ojos ante las noticias generalizadas de torturas, desapariciones forzadas, homicidios ilegítimos y uso excesivo de la fuerza por parte del ejército y, de forma creciente, de la marina, en su lucha contra los cárteles de la droga. Más de 12.000 personas perdieron la vida en actos violentos atribuidos a organizaciones delictivas, y el presidente Felipe Calderón siguió desplegando a alrededor de 50.000 soldados e infantes de marina para realizar funciones de orden público. Hubo indicios de que miembros de la policía y de las fuerzas de seguridad actuaban en connivencia con organizaciones delictivas en el secuestro y asesinato de presuntos miembros de otras organizaciones delictivas, entre otros delitos. El gobierno siguió afirmando que los abusos eran excepcionales y que sus autores rendirían cuentas de sus actos, pero durante 2011 sólo hubo un caso de personal militar que compareció ante la justicia.

En menor escala, también emplearon personal militar para desempeñar funciones de orden público otros países de la región, como El Salvador, Guatemala, Honduras, la República Dominicana y Venezuela, donde el presidente Hugo Chávez sacó a la calle a las tropas de la Guardia Nacional para atajar la delincuencia violenta generalizada.

En medio de un elevado índice de delincuencia violenta, las prácticas de los cuerpos de seguridad en Brasil siguieron caracterizándose por la discriminación, los abusos contra los derechos humanos, la corrupción y las operaciones policiales de estilo militar. Aunque ciertos proyectos de seguridad pública tuvieron un éxito limitado en cuanto a reducir el grado de violencia, las reformas en seguridad pública del gobierno federal se vieron debilitadas por severos recortes presupuestarios y por una falta de voluntad política. Las comunidades socialmente excluidas siguieron atrapadas entre la violencia de las bandas delictivas y los abusos de la policía, que a menudo trataba a los residentes como presuntos delincuentes. En Río de Janeiro, el poder de las milicias siguió aumentando. Estas bandas delictivas, integradas por ex agentes y agentes en activo de las fuerzas de seguridad, aumentaron su influencia en muchas de las comunidades más pobres mediante la violencia y la extorsión, ayudadas por actividades económicas ilícitas y la creación de bases de poder político. El atentado contra la jueza Acioli puso de relieve el alcance y la confianza de estas bandas.

En la República Dominicana, la policía cometió violaciones graves de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, homicidios ilegítimos y desapariciones, en el marco de la denominada “política de mano dura” en la lucha contra la delincuencia. Hubo indicios de que en varios casos la policía había adoptado una política de disparar a matar en lugar de intentar detener a los sospechosos, muchos de los cuales estaban desarmados.

Conflicto armado

El largo conflicto armado interno de Colombia siguió infligiendo indecibles sufrimientos a comunidades civiles de todo el país. Las consecuencias de los combates en los derechos humanos fueron especialmente graves para los pueblos indígenas rurales y las comunidades afrodescendientes y campesinas, miles de cuyos miembros se vieron obligados a huir de sus hogares. Tanto los grupos guerrilleros como los paramilitares y las fuerzas de seguridad, que en ocasiones actuaban en connivencia, fueron responsables de abusos graves contra los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario.

Algunas de las medidas legislativas de las autoridades, como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, fueron importantes primeros pasos en los esfuerzos para reconocer los derechos a la reparación de algunas víctimas y para devolver algunos de los millones de hectáreas de tierras robadas en el curso del conflicto. Sin embargo, la ley excluía a muchas víctimas, y el aumento del número de amenazas y homicidios contra defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente contra quienes trabajaban en la devolución de las tierras, sembró dudas sobre la capacidad del gobierno para cumplir su promesa de devolver las tierras a sus legítimos propietarios.

El compromiso del gobierno colombiano para con los derechos humanos y la lucha contra la impunidad quedó en entredicho por los esfuerzos para ampliar la jurisdicción militar, que podría permitir que los miembros de las fuerzas de seguridad eludieran la acción de la justicia por violaciones de derechos humanos. Asimismo, el presidente Juan Manuel Santos y el comandante general de las Fuerzas Armadas criticaron las condenas de varios altos mandos del ejército por violaciones de derechos humanos.

Seguridad y medidas antiterroristas

Al finalizar 2011, casi dos años después de que expirase el plazo fijado por el presidente estadounidense Barack Obama para el cierre del centro de detención de Guantánamo, quedaban aún en la base más de 150 detenidos.

La esperanza de que el gobierno estadounidense siguiese adelante con su decisión, anunciada en 2009, de juzgar a cinco detenidos acusados de implicación en los atentados del 11 de septiembre de 2011 ante una corte federal ordinaria quedó truncada cuando el fiscal general anunció en abril que esos hombres iban a ser juzgados por una comisión militar. El gobierno dejó clara su intención de pedir la pena de muerte para los cinco. En otro caso remitido a una comisión militar, la pena capital se convirtió en posibilidad en septiembre, cuando se remitieron los cargos contra el ciudadano saudí Abd al Rahim al Nashiri para que fuera juzgado por delitos que conllevaban dicha pena.

Continuó la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno anterior como parte del programa de detención secreta de la CIA. En junio, el fiscal general anunció que, con la excepción de dos casos de muerte bajo custodia, no consideraba justificado realizar nuevas investigaciones sobre las detenciones, a pesar de que la tortura y la desaparición forzada eran parte integral del programa secreto y de que entre las víctimas se encontraban los detenidos que iban a ser juzgados injustamente por una comisión militar y que, de ser declarados culpables, podrían ser ejecutados.

Pueblos indígenas

Las violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas siguieron suscitando honda preocupación pese a algunos avances positivos en la región.

En muchos casos se negó a los pueblos indígenas su derecho a una consulta significativa y a dar su consentimiento libre, previo e informado respecto a proyectos de desarrollo en gran escala que les afectaban, incluidos proyectos de la industria extractiva. Perú aprobó una histórica ley en 2011 que hizo preceptiva la consulta a los pueblos indígenas antes de realizar proyectos de desarrollo en sus tierras ancestrales. Sin embargo, esto siguió siendo la excepción. Pese a que todos los Estados de la región habían respaldado la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, los derechos consagrados en ella seguían distando de ser respetados.

Al no respetarse los derechos de los pueblos indígenas no sólo se resintieron sus medios de subsistencia, sino que las comunidades también sufrieron amenazas, hostigamiento, desalojos o desplazamientos forzosos, ataques y homicidios a medida que se intensificaba la campaña para explotar recursos en las zonas donde residían. En Brasil, Colombia, Guatemala y México se expulsó a indígenas de sus tierras, a menudo con violencia. Se tuvo noticia de uso excesivo de la fuerza contra quienes se manifestaban por los derechos de los indígenas y contra proyectos de desarrollo en Perú y Bolivia. En Ecuador y México suscitó preocupación la presentación de cargos falsos contra dirigentes indígenas.

Hubo nuevos indicios de que los gobiernos no se tomaban en serio los derechos de los pueblos indígenas o no mostraban la voluntad política necesaria para paliar los efectos de décadas de arraigada discriminación. En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a Brasil que suspendiera la construcción de la represa de Belo Monte hasta que se hubiera consultado de forma exhaustiva y efectiva con las comunidades indígenas –lo cual incluía el acceso a una evaluación del impacto social y medioambiental del proyecto en los idiomas correspondientes– y se hubieran tomado medidas para salvaguardar las vidas de las comunidades en aislamiento voluntario. Brasil respondió con dureza a estas medidas cautelares, que la Comisión suavizó posteriormente.

En Bolivia, después de varias semanas de protestas en las que decenas de personas resultaron heridas cuando las fuerzas de seguridad emplearon gas lacrimógeno y porras para disolver un campamento provisional, el presidente decidió cancelar la construcción de una carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure. Los manifestantes indígenas alegaron que la planificación de la carretera infringía las garantías constitucionales sobre la consulta previa y las leyes de conservación del medio ambiente.

En agosto, un estudio federal canadiense concluyó que el 39 por ciento de las redes de agua de las comunidades de las Primeras Naciones tenían deficiencias importantes que hacían que el 73 por ciento de las redes de agua potable y el 65 por ciento de las redes de aguas residuales constituyeran un riesgo medio o elevado para la salud.

Derechos de mujeres y niñas

Los Estados de la región no consideraron prioritaria en sus agendas políticas la protección de las mujeres y las niñas frente a la violación, las amenazas y los homicidios. La aplicación de las leyes para combatir la violencia de género siguió suscitando gran preocupación, y la falta de recursos disponibles para investigar y enjuiciar estos delitos puso en entredicho la voluntad oficial de abordar la cuestión. El hecho de que no se juzgase a los responsables de estos delitos afianzó aún más la impunidad por la violencia de género en muchos países y contribuyó a fomentar un clima de tolerancia hacia la violencia contra mujeres y niñas.

Las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas seguían siendo una práctica extendida, con terribles consecuencias para sus vidas y su salud. En El Salvador, Chile y Nicaragua seguía estando prohibido el aborto en todas las circunstancias, incluso para niñas y mujeres embarazadas como consecuencia de una violación o cuya vida o salud corría peligro si continuaba el embarazo. Quienes intentaban abortar o ayudaban a abortar a otra persona se enfrentaban a largas penas de prisión.

En otros países, aunque la ley garantizaba el acceso a un aborto sin riesgos, dicho acceso se veía negado en la práctica por unos prolongados procedimientos judiciales que lo hacían casi imposible, especialmente para quienes no podían permitirse pagar un aborto privado. El acceso a servicios de anticoncepción y a información sobre cuestiones sexuales y reproductivas seguía suscitando preocupación, sobre todo para las mujeres y niñas más marginadas de la región.

Migrantes: víctimas visibles, derechos invisibles

En varios países se negó la protección de la ley a cientos de miles de migrantes regulares o irregulares.

En México se descubrieron cientos de cadáveres en fosas clandestinas; algunos fueron identificados como pertenecientes a migrantes secuestrados. Las familias de migrantes centroamericanos desaparecidos realizaron marchas en todo el país para exigir que se adoptasen medidas encaminadas a localizar a sus familiares y para poner de relieve la suerte corrida por muchos migrantes. Los migrantes centroamericanos, que atravesaban México por decenas de miles, eran secuestrados, torturados, violados y asesinados por bandas delictivas, a menudo con la complicidad de funcionarios públicos. En el caso de los migrantes irregulares, el miedo a las represalias o a la expulsión hacía que rara vez pudieran denunciar los graves abusos que sufrían.

Los defensores y defensoras de los derechos de los migrantes fueron objeto de ataques sin precedentes en México, especialmente quienes trabajaban en la red de refugios que proporcionaban asistencia humanitaria a los migrantes.

A lo largo de la frontera suroccidental de Estados Unidos con México, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley federales, estatales y locales discriminaban a migrantes regulares e irregulares según criterios raciales. Los migrantes sufrían discriminación cuando intentaban acceder a la justicia y a protección, y encontraban obstáculos a la hora de recibir educación y atención médica. Estos obstáculos incluían políticas que sometían a los migrantes a comprobaciones adicionales y a la amenaza de ser denunciados a las autoridades de inmigración. Las propuestas de nuevas leyes contra la inmigración obligaron a algunos estudiantes a abandonar la escuela por temor a que sus padres fueran detenidos. Se presentaron recursos ante las cortes federales contra las leyes de inmigración de Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah.

En la República Dominicana, los migrantes haitianos regulares e irregulares fueron víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas expulsiones ilegales masivas y violentas en las que se siguió negando a los dominicanos de origen haitiano su derecho a la nacionalidad dominicana. Se denunciaron palizas y la separación de niños de sus padres durante las expulsiones. Varios Estados, como Bahamas, no atendieron a los llamamientos de la ONU para que se pusiera fin a las devoluciones a Haití por motivos humanitarios, dado que proseguía la crisis humanitaria desencadenada en el país por el terremoto y el brote de cólera de 2010.

Ver Informe Completo en: http://www.amnesty.org/es/news/informe-2012-tirania-injusticia-cosas-han-cambiado-2012-05-24

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