//
Lo que usted seleccionó
Sin categoría

México: El crimen organizado en las elecciones

Por Eduardo Guerrero Gutiérrez para Nexos. Hoy los grupos que operan fuera de la ley se han convertido en un riesgo latente para nuestra incipiente democracia. La posibilidad de nuevos atentados contra candidatos o del apoyo sistemático de grupos criminales a favor de una fuerza política en los procesos electorales, que cada vez parece menos remota, implicaría un gran desafío para nuestra estabilidad política. Pero antes de adoptar una posición alarmista o de desestimar la capacidad del crimen organizado para corromper nuestra democracia, es necesario preguntarse qué buscan los criminales cuando intervienen en una elección.

El crimen organizado puede tener injerencia en elecciones por varias razones. En primer lugar, hay casos en los que los criminales intimidan candidatos en función de sus propios intereses —generalmente con el propósito de contar con autoridades pasivas que les permitan trabajar— u operan en contra del candidato o los candidatos con los perfiles que no les resultan convenientes. En otros casos, las organizaciones criminales intervienen en estos procesos como “maquinarias electorales” que venden su apoyo a algún candidato (ya sea con recursos, movilización de votantes o mediante agresiones en contra de los otros candidatos o sus simpatizantes). Este segundo caso —que implica un involucramiento más hondo del crimen en la vida política— constituye una variante de un servicio característico de las mafias: la protección en contra de la competencia, que se ofrece lo mismo para negocios y organizaciones gremiales que para candidatos y partidos políticos.

Como he mencionado en artículos anteriores, en los últimos años algunos cárteles mexicanos se han fragmentado y han evolucionado a un nuevo modelo de negocio. Varias organizaciones criminales —como Los Zetas y Los Caballeros Templarios— operan actualmente como mafias que, además del tráfico transnacional de drogas, obtienen parte importante de sus ingresos de actividades ilícitas en el ámbito local, en particular de la extorsión (en su modalidad de cobro de “cuota” o “derecho de piso”) y el narcomenudeo. A diferencia de los cárteles tradicionales (que sólo tenían una relación tangencial con autoridades en las zonas de producción y a lo largo de las rutas de trasiego de drogas), para estas nuevas mafias es crucial mantener una relación de colaboración estrecha con las autoridades. Por ejemplo, la existencia de puntos de venta de droga, que operan a plena luz del día en lugares de dominio público, sólo se explica en un contexto de omisión deliberada, e incluso de protección, por parte de la policía.

La disputa entre mafias por el control de las actividades criminales en una localidad vuelve aún más valioso el apoyo del gobierno. Las organizaciones criminales que operan en una zona en disputa generalmente intentan que el gobierno utilice la coerción de forma parcial en contra de sus rivales (o intentan, al menos, no convertirse en el blanco principal de las autoridades). Las “narcomantas” y los mensajes colocados junto a los cuerpos de ejecutados, que denuncian a los mandos policiales que trabajan para un grupo criminal, reflejan el papel que las autoridades desempeñan como aliados potenciales en los conflictos entre organizaciones.

Tradicionalmente, los grandes cárteles mexicanos se habían mantenido al margen de las contiendas políticas. En algunos casos existía una relación de complicidad entre autoridades electas y narcotraficantes (por ejemplo, en 1999 Mario Villanueva, entonces gobernador de Quintana Roo, fue acusado de dar facilidades para el tráfico de cocaína proveniente de Colombia). Por otra parte, las autoridades también tenían una posición dominante en la negociación de pactos con el crimen organizado; se ha mencionado que algunos gobernadores imponían un decálogo de condiciones a los narcotraficantes que operaban en su territorio. Dichas condiciones incluían la entrega periódica de cargamentos y traficantes menores (para simular decomisos y arrestos); que no hubiera tratos con la estructura formal del gobierno; y la inversión de ganancias en el país. En términos generales, las relaciones entre gobierno y narcotraficantes se limitaban a permitir el flujo de drogas y distribuir las ganancias. Por lo tanto, mientras se les permitiera traficar y conservar una parte razonable de las ganancias, los criminales no tenían una agenda programática ni buscaban participar en la vida pública de sus comunidades.

En años recientes se observó de forma gradual una participación más activa del crimen organizado en política, que culminó con el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, el candidato puntero a la gubernatura de Tamaulipas, en junio de 2010. Sin embargo, los comicios de 2011 en Michoacán han sido aquellos en los que se ha observado de forma más contundente el cambio cualitativo en la intervención del crimen organizado en elecciones. Durante esta elección se registraron varios incidentes en los que se sospechaba la intervención de Los Caballeros Templarios. Por una parte, se difundieron grabaciones en las que se menciona que el candidato de la izquierda fue apoyado por dicha organización, que aportó dos millones de dólares para su campaña. Sin embargo, de acuerdo con la candidata del PAN, María Luisa Cocoa Calderón, el candidato del PRI —que resultó ganador— fue a quien finalmente favoreció “La Maña” (nombre que se usa en Michoacán para hacer referencia a Los Caballeros Templarios). Entre las irregularidades que denunció la candidata destacan la intimidación para frenar actividades proselitistas (un comando armado incursionó en su casa de campaña); los bloqueos en carreteras para impedir acceso a casillas; la coacción a funcionarios de casilla para que anularan votos de forma sistemática; y la selección de personas que no tenían “autorización” para votar.

La forma de intervenir de Los Caballeros Templarios en las elecciones en Michoacán reflejan precisamente las capacidades y los intereses propios de una mafia: una amplia base social, que permite monitorear y movilizar a sectores amplios de la población; y la promoción de líderes sociales en la arena política que, en caso de triunfar en los procesos electorales, reforzarán desde los más altos niveles del gobierno la capacidad de control social de la organización.

Sin embargo, la presencia de mafias que operan en varias regiones del país no debe confundirse con un control del crimen organizado sobre los procesos electorales. En primer lugar, es necesario destacar que los principales intereses económicos de las mafias (la extorsión a establecimientos mercantiles y el mercado de narcomenudeo) se circunscriben al ámbito local. Aunque en años recientes la presencia de la fuerza pública bajo mando directo de la Federación ha aumentado como consecuencia de los llamados “operativos conjuntos”, la policía municipal sigue siendo la principal corporación con la que las mafias locales deben lidiar para realizar sus actividades. En la mayor parte del país los alcaldes tienen control sobre la estructura de la policía municipal, pues conservan las facultades de nombrar y remover libremente a los directores municipales de seguridad pública.

Por lo tanto, las alcaldías son los puestos de elección popular más vulnerables, y es previsible que este año la intervención del crimen organizado se concentre en los estados en los que se elegirán alcaldes, particularmente aquellos en los que se registran los conflictos más intensos entre organizaciones criminales: Colima, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León y San Luis Potosí.

Por otra parte, existen al menos tres variables políticas que determinan la viabilidad de la intervención del crimen organizado en procesos electorales:
1. Tamaño del electorado. Entre más reducido sea el electorado mayor será la probabilidad de que la intervención del crimen organizado sea decisiva en el resultado de la elección, lo que aumenta la capacidad de negociación de los criminales frente a los candidatos. Además, en electorados pequeños es más viable mantener la disciplina de la base social de la organización criminal, y monitorear que la operación electoral se ejecute correctamente, es decir, la intervención de la organización criminal tiende a ser más eficaz.

2. Intensidad de la competencia electoral. En elecciones altamente competidas hay una mayor probabilidad de que cualquier apoyo (incluyendo la intervención del crimen organizado) determine el resultado de la elección, lo que implica que los candidatos estarán dispuestos a ofrecer una recompensa mayor a quienes los apoyen. Por el contrario, cuando hay un partido o un candidato claramente dominante, las organizaciones criminales tienen menor capacidad de negociación, pues su apoyo es menos valioso para el candidato puntero. En estos casos, para las organizaciones criminales es más redituable negociar o intimidar a las autoridades una vez que fueron elegidas que intentar incidir en el resultado de la elección.

3. Ausencia de otros grupos de interés. Las organizaciones criminales son sólo uno de los muchos actores que buscan un trato preferencial del gobierno. Por lo tanto, la capacidad de negociación de los criminales también depende de la medida en que los candidatos puedan obtener apoyo (tanto financiero como logístico) de otras fuentes. A pesar de su capacidad de fuego y de su amplia base social en algunas regiones, dentro del ámbito nacional de los grandes intereses económicos, las organizaciones criminales son relativamente marginales. Por ejemplo, mientras que la fortuna de Joaquín El Chapo Guzmán (de acuerdo con la revista Forbes) es de mil millones de dólares, la de Carlos Slim asciende a 74 mil millones. Este factor contribuye a que la intervención del crimen organizado se concentre en las elecciones municipales y no constituya una preocupación central en la elección presidencial.

Sin embargo, de forma indirecta, el crimen organizado sí será un actor central en el presente proceso electoral federal. La violencia y la inseguridad han sido un tema central de las campañas, e inevitablemente tendrán un impacto sobre las preferencias de los electores. Los datos sugieren que la violencia del crimen (que se correlaciona con la extorsión y otros delitos de alto impacto) ya tuvo un resultado durante las elecciones previas en las preferencias de los electores (ver tabla).

Con base en un análisis estadístico, se observa que de 2006 a 2009 el principal efecto de la violencia sobre las preferencias de los electores fue generar un “voto de castigo” en contra del PAN, que en la votación para diputados federales perdió dos y medio puntos porcentuales más en los distritos con altos niveles de violencia que con bajos niveles de violencia.

Ciertamente, de 2009 a la fecha ha habido un cambio significativo tanto en la distribución geográfica de la violencia como en la percepción de los ciudadanos sobre cuáles son las autoridades responsables de propiciar y no atender eficazmente este fenómeno. Por una parte, la principal crisis de violencia que estalló con posterioridad a los comicios de 2009 (el conflicto entre el Cártel del Golfo y Los Zetas) tuvo su epicentro en los estados del noreste gobernados por el PRI (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas). Por otra parte, cada vez la opinión pública identifica en mayor medida la violencia y la inseguridad como una responsabilidad compartida de los tres órdenes de gobierno, y no exclusivamente como el resultado de la actuación de las fuerzas federales. El costo electoral de la violencia y la inseguridad serán un tema central de análisis, al menos para los estrategas políticos y los expertos en opinión pública. En el mejor de los casos, el voto de castigo a la inseguridad será un incentivo para que las autoridades electas implementen acciones más eficaces contra la delincuencia organizada.

Ver nota completa: http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2102717

Comentarios

Aún no hay comentarios.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

Descargar el libro

Descargar el libro
Síguenos en Twitter: @MafiaandCo

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Países más violentos de América Latina

A %d blogueros les gusta esto: