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Venezuela: Cedice, “Combatir la inseguridad requiere políticas públicas integrales”

Por El Universal de Venezuela. Cedice-libertad, realizó la mesa de análisis “Inseguridad en América Latina. Venezuela un caso de estudio”, en la cual se presentó la edición N 28 de la Revista Perspectiva, editada por el Instituto de Ciencia Política (ICP) de Colombia y colaboración de Cedice. Esta actividad sirvió para hacer un exhaustivo análisis y recoger una visión amplia del concepto de seguridad en su carácter multidimensional, tema éste central de la referida publicación.

Las ponencias estuvieron a cargo de los expertos: María Teresa Belandria, abogada especialista en Derecho Internacional; Ricardo Sánchez, diputado miembro de la Comisión de Política Interior; Bony Simonovis, abogada especialista en Ciencias Penales y Criminalísticas; y  Luis Alfonso Herrera, abogado constitucionalista e investigador de Cedice.

Ricardo Sánchez expuso el marco regulatorio contra la inseguridad que existe en Venezuela y habló del proyecto final de la Ley de Desarme que recién fue aprobada por consenso en la comisión de política interior de la Asamblea Nacional. Considera que dicho instrumento jurídico contribuirá a solventar el problema de la inseguridad y trasciende la polarización que existe en el país. Recalcó la necesidad de buscar mecanismos que permitan desarmar a la ciudadanía y reducir el número de armas de fuego que circulan ilegalmente en el país. Resaltó que combatir la inseguridad pasa por ser implacable con quienes trafican desde el Estado, en ese particular hizo especial énfasis en el fracaso de la política penitenciaria del gobierno actual.

María Teresa Belandria, presentó los factores de riesgo y amenazas existentes tanto en el país como América Latina, tomando para ello como referencia artículos publicados en Revista Perspectiva No. 28.  En el tema de la seguridad y acuerdos internacionales resaltó que el problema de las bandas, tráfico de las armas y drogas que viven los países trasciende a sus fronteras. Destacó a la droga como el problema más significativo, por la cantidad de dinero que mueve y por ser una de las principales herramientas de financiamiento de grupos terroristas en el  mundo.

Belandria destacó, como un problema de seguridad nacional en los países latinoamericanos,  la necesidad de legalización que tienen estas bandas y mafias, con base  ello buscan corromper a profesionales legales y a funcionarios públicos, para así entrar en las instituciones con aparentes visos de legalidad.  Considera que luchar contra la inseguridad y las mafias requiere de voluntad política y cooperación entre las naciones pues “las redes criminales operan como franquicias e identifican a los países con instituciones débiles y en ellos se refugian”

Por su parte,  Bony Simonovis, hizo un recuento de cifras de inseguridad que estima son alarmantes, por ejemplo, en Venezuela durante 2011 ocurrieron 60 homicidios por cada 1000 habitantes y 1150 secuestros (incluyendo largos y expres). Es decir que cada 30 minutos se asesina a una persona en Venezuela, en su mayoría jóvenes. Nuestro país ocupa la primera casilla con más homicidios en Latinoamérica,  el promedio de edad de la población presa es de 25 años y el 50% de los reclusos se encuentran en situación de procesado.

En su exposición, se refirió a la Guía Anticrimen elaborada por  Iván Simonovis. Dicha guía plantea acciones a ser tomadas en diferentes escenarios de la actuación criminal, “esta guía es una respuesta  a la realidad del país en materia de robos, asaltos y secuestros, ofrece posibles medidas de acción y prevención”. La guía anticrimen se inserta en una política pública de participación ciudadana para combatir la inseguridad

Por último, Luis Alfonso Herrera, al analizar la Ley Antiterrorismo y cómo esta incide en los derechos constituciones y  en la acción de los órganos del poder ejecutivo señaló que es “una ley que más allá de servir para combatir los actos ilícitos y la inseguridad en el país, pareciera estar hecha para contrarrestar cualquier critica al gobierno, por la subjetividad de sus reglas”. Esta ley modifica plenamente una ley de 2005 e inhibe las actuaciones de las ONG en cuanto a la denuncia y el trabajo para enfrentar la inseguridad.

Ver nota completa: http://www.eluniversal.com/sucesos/120602/cedice-combatir-la-inseguridad-requiere-politicas-publicas-integrales

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