//
Lo que usted seleccionó
Sin categoría

Respuesta a Alejandro Hope: sobre los impuestos a la violencia

Por Pablo Vázquez Camacho para Nexos. En el debate sobre qué hacer para contener la violencia en México han surgido algunas propuestas que ven en los modelos de elección racional una solución al problema. Si bien estas propuestas pueden ser muy útiles para resolver algunos problemas en el corto plazo, su lógica secuencial y el minimalismo de su planteamiento pueden ser engañosos, especialmente cuando se trata con problemas tan complejos como el crimen organizado. No podemos dejar que la urgencia y la desesperación nos empujen a implementar políticas sin antes hacer un análisis detallado de su viabilidad y sus posibles consecuencias tomando en cuenta el impacto que éstas podrían tener en el contexto específico en el que se vayan a implementar.

Para ilustrar el punto, me referiré al artículo publicado por Alejandro Hope en la edición de mayo de la revista NEXOS titulado Impuesto a la violencia. En este artículo, Hope propone que para contener la explosión criminal en México primero es necesario romper con la espiral de violencia que ha desbordado al aparato de justicia mexicano y volver a un supuesto “punto de equilibro”[1] en el que, deduzco, los crímenes serían procesables de manera más efectiva por las autoridades mexicanas. De acuerdo con Hope, el incremento exponencial de homicidios durante los últimos años bajó la probabilidad de que cualquier asesinato fuera castigado, lo cual a su vez provocó la saturación del sistema judicial haciendo imposible que las autoridades pudieran enfocarse en otros crímenes como la extorsión, el secuestro o el robo de vehículos.

Para romper con la espiral de violencia y regresar al “punto de equilibrio”, Hope propone un enfoque de disuasión focalizada mediante la aplicación del equivalente a un “impuesto a la violencia” consistente de dos fases:

 

a) La selección de un grupo criminal por parte del gobierno (de acuerdo su grado de violencia) contra el cual se lanzaría “una ofensiva concentrada” durante seis meses”; y

b) La persecución eficaz de los asesinatos que traspasen un umbral de tolerancia establecido de antemano (i.e. asesinatos de ocho o más personas). Dicho umbral se reduciría gradualmente (asesinatos de siete, de seis, etc.) hasta regresar a un punto donde fuera posible lidiar con asesinatos individuales.

De acuerdo con el diagnóstico de Hope, el objetivo de la medida sería “evitar actos de violencia indiscriminada” que corrieran el riesgo de traspasar el umbral establecido por el gobierno y reducir con ello el número de homicidios de modo que se pudieran “liberar recursos para la atención de otros delitos” de alto impacto.

Considero que el impuesto a la violencia tiene muchos méritos. Entre ellos el subrayar la necesidad de focalizar las políticas en materia de seguridad pública y poner límites a la expresividad de los actos de violencia a fin de acotar el mensaje de terror implícito en ellos. Sin embargo, creo que la propuesta podría presentar varios problemas a los que me refiero a continuación.

Efectos residuales e incentivos perversos

En caso de que el impuesto a la violencia fuera efectivo, éste podría tener diversos efectos colaterales y dar pie a incentivos perversos que a la larga podrían ser más costosos o complicar las cosas aún más de lo que están ahora:

1) Los primeros problemas los generaría la misma lógica del impuesto. Dado su planteamiento, es posible que éste termine por concentrarse en grupos que tengan una estructura discernible (i.e. compactos y jerárquicos), cuya membresía fuera fácilmente identificable, que operaran de manera “culturalmente” coherente y bajo una misma racionalidad y que pudieran ser asociados con un territorio específico; es decir, el impuesto tendería a concentrarse en personas o actos de violencia que pudieran ser fácilmente asociados con alguna de las organización criminales que hasta ahora han sido identificadas. Todo parece indicar que cada vez son menos los grupos criminales en México que operan de esta forma,[2] por lo que el alcance del impuesto sería hasta cierto punto limitado. La medida no tendría el efecto esperado en disuadir los actos violentos de aquellos grupos que “operan” más como redes criminalesdebido a la dispersión de poder y la capacidad de regeneración que tienen este tipo de organizaciones.

De esto se sigue que las organizaciones criminales que cumplan con el perfil compacto y jerárquico podrían optar por reorganizarse en estructuras más horizontales, fluidas y eficientes como las redes criminales a fin de mitigar el impacto del impuesto. También podrían buscar maneras de aislar a sus liderazgos de los actos de violencia de sus subordinados mediante la creación de múltiples “marcas criminales” -a modo de cortinas de humo- o mediante la contratación de brazos armados que les hicieran el trabajo sucio.

Por tal motivo, aunque en el corto plazo el impuesto pudiera contribuir a moderar el comportamiento de algunos grupos ya existentes, en el largo plazo podría dar pie al surgimiento de organizaciones más modernas y eficientes o incluso impulsar la proliferación de grupos naturalmente violentos como sucedió con los Zetas en su momento.

2) Otro problema podría surgir del carácter cuantitativo del umbral de tolerancia para la persecución de asesinatos (i.e. número de personas asesinadas colectivamente). No sólo existen muchas formas de evadir o transferir los costos del impuesto, como iremos viendo, sino que el objetivo de intimidar al oponente podría lograrse incluso si el impuesto fuera efectivo.

Eliminar la dimensión cuantitativa de la violencia no necesariamente implica acabar con su dimensión cualitativa. Si el impuesto resulta efectivo, debemos considerar la posibilidad de que los criminales pongan más énfasis en la teatralidad de la violencia o escojan objetivos más sensibles para intimidar a sus oponentes y demostrar su capacidad de control sobre las plazas de su interés. Si el impuesto funciona, podría fomentar más actos con una lógica terrorista(i.e. coches bomba), el asesinato de empresarios, funcionarios de gobierno, policías o militares, o incluso de los familiares de sus oponentes, y con ello generar un escenario más inestable que el actual.

Lo anterior tal vez se podría resolver añadiendo un criterio cualitativo al tipo de actos violentos en los que se enfocarían las autoridades. Sin embargo, como sucede con cualquier criterio cualitativo, sería muy difícil escapar a la subjetividad y arbitrariedad en la definición de estos parámetros. Al respecto, no debemos perder de vista que hoy sería fácil enfocar el impuesto a la violencia en actos como el del Casino Royale o los distintos coches bomba debido a que han sido hasta cierto punto únicos. Sin embargo, esto sería mucho más complicado si los eventos se multiplicaran.

3) Además de lo anterior, el carácter cuantitativodel umbral de tolerancia podría acarrear mucha inconformidad de parte de la sociedad. El impuesto de Hope corre el riesgo de jerarquizar el acceso a la justicia de la población. ¿Cómo explicarle a las familias de las víctimas que las autoridades no van a poner suficiente atención en esclarecer y castigar debidamente el asesinato de sus parientes dado que estos no fueron asesinados en un grupo de ocho o más personas?

4) Un problema similar surgiría debido a que el impuesto sería contingente a que los actos de violencia sean detectados o publicitados. ¿Cómo explicar a las familias que el homicidio de sus parientes no será procesado con la misma atención dado que la espectacularidad del asesinato no alcanzó los puntos de rating necesarios para ser considerado por las autoridades? Lo anterior además de poner en jaque la legitimidad de las fuerzas del orden, podría crear incentivos para que las familias de las víctimas publiciten asesinatos no detectados y la exposición de la sociedad a la violencia aumente.

5) Otra complicación podría generarse por la dependencia de las tácticas de disuasión en la transmisión efectiva de un mensaje de implacabilidad. Al respecto, debemos considerar que dada la urgencia por resultados, existiría el riesgo de que las autoridades terminen por fabricar objetivos ad hoca fin de enviar el mensaje de implacabilidad esperado. Lo anterior, incrementaría la probabilidad de que las autoridades hagan desfilar delante de nosotros a un carrusel de “autores materiales e intelectuales”, “operadores”, “jefes de sicarios”, y “lugartenientes” que no fueran más que criminales sin adjetivos cuya importancia en las organizaciones afectadas por el impuesto fuera menor. Por supuesto, la exigencia de resultados también podría contribuir a que las autoridades sobredimensionen los atributos de algunas organizaciones e involuntariamente promuevan “marcas criminales” inexistentes contribuyendo a su desarrollo.

6) En este mismo sentido y debido a su naturaleza reactiva, el impuesto a la violencia podría terminar por dirigirse a los actos u organizaciones que resulten más atractivas para los medios sin que ello signifique que se trate de las organizaciones “más violentas” o de las masacres “más numerosas” per ce. Al respecto sobran ejemplos de instancias en las que las autoridades parecen haber sido incapaces de detectar la existencia de grupos violentos, aún cuando estos tenían mucho tiempo operando, o de detectar masacres ocurridas mucho tiempo antes de que las tumbas de las víctimas fueran descubiertas.

7) También es posible que el impuesto a la violencia genere incentivos para que las organizaciones que logren escapar temporalmente a su aplicación aprovechen la ofensiva sobre sus oponentes para expandir sus operaciones y avanzar sobre las áreas y segmentos de mercado que las organizaciones “violentas” fueran dejando atrás. Esto podría provocar que la aplicación del impuesto a la violenciafuera progresivamente más costosa si los grupos no afectados inicialmente utilizan este “periodo de gracia” para fortalecerse en anticipación a la aplicación del impuesto en el futuro.

8) Aunque más sofisticado que los operativos conjuntos, el impuesto a la violencia no deja de ser una estrategia reactiva y, por lo tanto, corre el riesgo de ser manipulada por los criminales. Tal como ha sucedido con la estrategia de “calentar plazas” es posible que ante la aplicación del impuesto, los grupos criminales opten por una estrategia consistente en “calentar marcas” criminales. Es decir, que los grupos criminales busquen inculpar a sus oponentes sobre sus propios actos de violencia a fin de distraer la atención de las autoridades. Lo anterior no sólo generaría ruido innecesario en las labores de inteligencia sino que también podría convertirse en un catalizador de más violencia. Los grupos podrían volverse más sofisticados en labores de contrainteligencia o aplicar sus propios impuestos para evitar ser delatados por sus contrincantes.

9) Además del “calentamiento de marcas”, no podríamos descartar que algunos grupos criminales simplemente busquen evadir el impuesto dificultando la detección de sus actos mediante alguna de las siguientes estrategias:

a) tratar de influir con plata o plomo en la designación de los grupos que serían atacados por las autoridades;

b) esconder más cadáveres (sabemos que se han vuelto particularmente creativos en ello);

c) ejercer más presión sobre la prensa o cualquier otro medio informativo;

d) recurrir menos asesinatos colectivos, al menos en cuanto a la escenificación de los mismo se refiere, poniendo énfasis la dimensión cualitativa de sus actos o fraccionando la aparición de cuerpos de manera temporal;

Si bien el “calentamiento de marcas” tiene límites muy claros, como el mismo Hope advierte [3] y la posible “adopción de un perfil más bajo” por parte de los criminales haría más digerible y políticamente menos costosa a la violencia, no podemos descartar que los criminales opten por recodificar sus mensajes de modo estos se vuelvan comprensibles únicamente para sus oponentes (incluso sin tener que sacrificar la espectacularidad de sus actos). En este sentido, creo que sería muy exagerado pensar que todos los mensajes de violencia que los grupos criminales se envían son o necesitan ser públicos. No debemos olvidar que las narcomantasy las masacres de nuestros días son fenómenos relativamente nuevos si se toman en cuenta, por ejemplo, la longevidad de muchos grupos criminales y los altos índices de violencia que predominaron durante gran parte de los 90s. En este sentido, también habría que considerar que, además de las masacres mediáticas, los grupos criminales matan por muchos otros motivos como pueden ser: reprimir a sus subordinados o asociados, garantizar el cumplimiento de compromisos, o simplemente como método de iniciación. Muchos de estos asesinatos no son publicitados como demuestra la gran cantidad de tumbas clandestinas que hay en nuestro país.

10. Finalmente, debemos considerar la posibilidad de que en vez de evadir el impuesto, las organizaciones criminales traten de contrarrestarlo. Para ello podrían recurrir a actos sincronizados con la intención de afectar la focalización de la medida. Asimismo, en caso de que la ofensiva del Estado ocurriera en las plazas que son sede de los grupos violentos, los criminales podrían intentar dar la apariencia de que la llegada de fuerzas federales es un irritante para la estabilidad de la región afectada. Bajo esta lógica, existe el riesgo de que, al menos en términos de percepción y a diferencia de las zonas con altos índices de violencia, las autoridades no encontrarían la “legitimidad” necesaria para entrar en territorios relativamente estables como son los bastiones de los grupos criminales. Esto último puede ser un lastre, si la ofensiva sobre las plazas de los grupos criminales no se acompaña de una fuerte inversión social que legitime su presencia.

Además de estos puntos habría que cuestionarnos si el aparato de justicia mexicano está listo para imponer una medida de esta naturaleza de forma efectiva y justa.

  • ¿Cómo garantizar que en la aplicación del impuesto a la violencia no privará la corrupción, la discrecionalidad, o la agenda política de los encargados de su implementación?
  • ¿Cuáles son las capacidades reales del Estado en materia de inteligencia? ¿Contamos con las herramientas y capacidades suficientes en esta materia como para garantizar que el impuesto a la violencia se aplicará exclusivamente a quién lo merece o simplemente la inteligencia se trae a la mesa como un comodín argumentativo?
  • ¿Qué garantías tendríamos los ciudadanos de que la presión por resultados, la corrupción de las fuerzas del orden o el desempeño deficiente y poco transparente de los órganos de inteligencia, no darán pie a abusos como el arresto o la señalización de gente inocente?
  • ¿Cómo evitar que, ante la exigencia de enviar un mensaje de implacabilidad, las autoridades opten por la ejecución extralegal, el arresto clandestino, la tortura o la teatralización en vez del debido proceso legal? ¿Cómo evitar que la lógica algebraica del impuesto no se anteponga a los derechos de los criminales?

Ver nota completa: http://redaccion.nexos.com.mx/?p=3994

Comentarios

Aún no hay comentarios.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

Descargar el libro

Descargar el libro
Síguenos en Twitter: @MafiaandCo

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Países más violentos de América Latina

A %d blogueros les gusta esto: