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mafiaandco ha escrito 2010 entradas para Mafia&Co.

De ‘gatilleros’ a capos del narcotráfico: la historia del Cartel del Norte del Valle

Por El País de Cali. En 1998, cuando asesinaron a Orlando Henao Montoya, apodado ‘el capo del capos’, el Cartel del Norte del Valle se dividió en dos facciones: una liderada por Diego Montoya Sánchez y la otra bajo el mando de Wílber Varela, quien era el jefe del aparato sicarial de Henao Montoya. En ese momento, coinciden desde analistas hasta autoridades, empezó “el reinado de los gatilleros”.

“El gran cartel se desintegra y nacen muchos carteles. Mandos medios de la organización, escoltas y algunos empleados de confianza de los capos se convierten en Dones”, dice Camilo Chaparro en su libro ‘Historia del Cartel de Cali’.

Por su parte, el politólogo Gustavo Duncan, experto en temas de narcotráfico y conflicto armado, explica que en todo el país, “actualmente los que manejan la violencia son quienes se apoderaron del negocio del narcotráfico (…) Viene de una evolución y una era criminal. El control del negocio se hace con violencia”.

El imperio de Varela

Con la muerte de Henao, Varela, rodeado por los jefes de más de 20 ‘oficinas de cobro’ que delinquían en el Valle del Cauca, especialmente en Cali y Tuluá, desató una guerra contra la familia de ‘Pacho Herrera’ (uno de los cabecillas del Cartel de Cali). Luego, se enfrentó con Montoya, en una confrontación que dejó más de 1.200 muertos en la región.

En medio de ese conflicto, Varela creó un ejército de hombres llamado ‘los Rastrojos’, por el apodo de jefe: Diego Pérez Henao, alias ‘Diego Rastrojo’. Montoya, por su parte, conformó ‘los Machos’. Ambos grupos tenían su injerencia en el Cañón de Garrapatas y en las poblaciones del norte del Valle, como El Dovio, Bolívar, Roldanillo y Zarzal.

Con la guerra fueron cayendo, detenidos o muertos, casi todos los alfiles de ambos capos. Además, a los otros jefes del Cartel del Norte del Valle, como Hernando Gómez Bustamante y sus herederos, Arcángel Henao Montoya, y Juan Carlos Ramírez Abadía, ‘Chupeta’, los capturaron en Cuba, Panamá y Brasil. Actualmente están presos en Estados Unidos.

“Si hasta entonces el Cartel del Norte del Valle (agrupación que empezó trabajando para los carteles de Cali y Medellín) estaba caracterizada por lo sanguinarios de sus miembros, el hecho de que su nuevo jefe fuera un sicario aumentó las guerras que este grupo desató”, explica un investigador de la Policía.

Ariel Ávila, analista de la Corporación Arco Iris, dice que el hecho de que los mandos medios hayan asumido el liderazgo en estos grupos también los ha hecho más vulnerables. “La política pública de seguridad ha estado enfocada en llevar tras las rejas a estas personas, que protagonizan los hechos de sangre, pero hace más de ocho años no desarticulan bandas de lavadores de dinero en el Valle”, asegura Ávila.

Este cambio, al igual que las operaciones de las autoridades, han hecho que los capos actuales tengan una vida más corta como jefes de su organización.
Varela fue el cabecilla de su grupo por aproximadamente siete años, sus sucesores: Javier Antonio Calle Serna, ‘Comba’, y Diego Pérez Henao, ‘Diego Rastrojo’, duraron cuatro años.

Calle Serna inició desde muy joven su carrera delictiva como sicario. Según inteligencia de la Policía, fue el pistolero, que lideró el ataque contra William Rodríguez Orejuela, hijo de Miguel Rodríguez, jefe del Cartel de Cali, en 1996 en un restaurante de la ciudad. Y años después, asesinó en Cartagena a Miguel Solano, hombre de confianza de Diego Montoya.

Y Pérez Henao, quien también empezó como sicario, pasó a crear a finales del 2001 un grupo de 50 hombres en el Cañón de Garrapatas que se extendieron a ocho departamentos, en una especie de franquicia, con jefes independientes.

“’Los Rastrojos’ están organizados en ‘células’ o grupos más pequeños. Los grupos pueden estar organizados con base en el área geográfica en donde ellos operan o de acuerdo con el área en la que tienen experiencia (es decir, transporte, recibo de pagos de parte de otras organizaciones de tráfico de narcóticos, retaliación o muerte a rivales o amenazas)”, indica un documento de la Fiscalía de Estados Unidos.

¿El fin de ‘Los Rastrojos’?

Durante media hora un grupo de oficiales de la Policía colombiana dialogó con Diego Pérez Henao ‘Diego Rastrojo’, antes de ser trasladado desde Barinas -sitio de su captura- hasta Caracas.

Pérez Henao en esos minutos les relató que con su detención ‘los Rastrojos’ se quedaron sin jefe, pues considera que ninguno de sus lugartenientes tiene el perfil para controlar este ejército de más de dos mil hombres que están extendidos por ocho departamentos del país.

Señaló que nisiquiera Luis Enrique Calle Serna (hermano de Javier Antonio, alias Comba’, quien era socio de ‘Rastrojo’, pero con el que se peleó hace poco tiempo) podía sucederlo. “Luis Enrique siempre ha sido un buena vida, no tiene el carácter ni la fuerza para asumir el liderazgo”, les dijo a los uniformados.

El capo les agregó que con su captura, su organización podría verse diezmada, porque ‘los Urabeños’ intentarían desplazar a sus hombres, al no tener un jefe máximo.

Un investigador de la Policía contó que Pérez Henao aseguró que ‘Don H’, uno de los herederos de Diego Montoya (su enemigo), saldría libre en seis meses y se va a aliar con los hermanos Pérez, que son primos de ‘Don Diego’ y que hacen parte de ‘los Urabeños’.

El grupo de ‘los Urabeños’ está apoyado, según la Policía, por Greilin Fernando Varón, apodado Martín Bala’; alias El Negro Orlando y alias ‘Chicho’ o ‘El Zarco’ (familiar del extinto capo Iván Urdinola Grajales), quienes estaban en una guerra abierta contra la estructura de ‘Comba’.

Diego Pérez le dijo a los policías colombianos que su grupo estaba en guerra con ‘los Urabeños’. Y corroboró que él y ‘Comba’ se enfrentaban. La disputa se inició porque Javier Antonio le recomendó que se entregara a las autoridades estadounidenses y él se había negado.

También reconoció que él, junto con Javier Antonio, habían sido las personas que asesinaron a su jefe Wílber Varela, ‘Jabón’ en una cabaña en Mérida, Venezuela, en enero del 2008.

A Varela, según les dijo Pérez Henao’, lo asesinaron porque ‘Comba’ y el mismo ‘Rastrojo’, querían ganar terreno en los Santanderes, en la frontera con Venezuela, pero su jefe se los prohibió, ya que esa zona la controlaban un grupo de ‘Águilas Negras’ que delinquían para el extraditado jefe paramilitar ‘Macaco’, amigo de ‘Jabón’.

¿El fin del clan de Varela?

Luego de la entrega en mayo pasado de Javier Antonio Calle Serna a la DEA, negociación que permitió llevar tras las rejas a sus lugartenientes -que también colaboran con Estados Unidos- y la captura la semana anterior de ‘Rastrojo’, las autoridades intentan establecer quiénes serían los sucesores de estos capos, que heredarían las rutas y contactos del narcotráfico, especialmente por el Pacífico y la frontera con Venezuela.

En la baraja de sucesores no hay candidatos claros. “No se ve ninguna persona que pueda unir todas esas pequeñas agrupaciones”, explicó un oficial de la Policía. Las hipótesis que manejan los diferentes organismos de seguridad están encaminadas a que el poder de esta estructura sea disputado por ‘los Urabeños,’ en una serie de hechos de sangre que ocurrirían especialmente desde Tuluá hacia el norte del Valle.

Otra de las versiones apunta a que Luis Enrique Calle, hermano de ‘Comba’, y alias Galleta, miembro de su estructura, están intentado reacomodar las ‘oficinas de cobro’ de Javier y contactar a los jefes regionales de las estructuras de ‘Los Rastrojos’ en todo el país para volver a tener el control del narcotráfico.

Ver nota completa: http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/gatilleros-capos-del-narcotrafico-historia-del-cartel-del-norte-del-valle

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Inseguridad en Venezuela, la realidad que incomoda a Chávez

Por Maricel Spini.A diferencia de otros países de América Latina, Venezuela no padece un conflicto armado ni una guerra entre cárteles o pandillas. Pero la inseguridad es la mayor preocupación de sus habitantes.

Veintidós planes de seguridad después, y tras el fracaso de once ministros, los trece años de gobierno de Hugo Chávez le valieron al país el segundo índice de homicidios más alto del continente: 57 por cada 100 mil habitantes.

 

Venezuela supera incluso a México, cuya tasa se mantuvo estable en 18 asesinatos por cada 100 mil habitantes en los últimos dos años, y está muy lejos de Colombia, que logró bajar ese indicador un 41,8% en dos décadas, según cifras de la ONU.

Desde 1999, fallecieron en manos de la violencia 157.808 venezolanos. En la actualidad, cada 30 minutos un ciudadano es asesinado y cada 8 horas otro es secuestrado.

“Hay varias razones por las que Venezuela se convirtió en un país violento. La primera es que los dirigentes de nuestro país no dieron el debido ejemplo. No fueron honestos, no trabajaron por la convivencia ciudadana ni por el diálogo”, aseguró el criminólogo Fermín Mármol García a Infobae América. “A eso hay que sumarle la corrupción campante que existe y que se fortaleció en un sistema como el venezolano, personalista, presidencialista”, agregó.

Alberto Arteaga Sánchez, un reconocido penalista venezolano, opinó que, independientemente del problema del tráfico de drogas, “el factor fundamental que explica el incremento alarmante de la inseguridad, de la violencia y del delito en general es la impunidad“. “Más del 90% de los homicidios queda impune”, advirtió.

Las fuerzas de seguridad venezolanas están señaladas, al igual que el propio gobierno, por sus vínculos con organizaciones narcos. Desde oficiales hasta altos mandos del Ejército son sospechados de haber trabajado para los cárteles y de haber facilitado su ingreso al país.

“Esa es una de las causas de la inseguridad. En el aspecto más directo, por la perpetración de delitos amparados por las propias fuerzas de seguridad y en segundo lugar, y de manera más amplia, por la crisis institucional que provoca, por el impulso que da ante el delincuente común, quien se dice: ‘Si la policía lo hace, ¿por qué no yo?'”, consideró el sociólogo Roberto Briceño León, director del Observatorio de Violencia Venezolana (OVV), en diálogo con Infobae América.

El abogado penalista reconoció que, más allá de la corrupción en los órganos encargados de la seguridad ciudadana y de la Justicia penal, el otro problema es que sus empleados carecen de recursos humanos y materiales. “Por ello, y por los altos niveles de politización, se encuentran impedidos de cumplir a cabalidad con sus tareas”, indicó.

En lo que va del año, al menos 40 funcionarios policiales fueron asesinados sólo en la zona del Gran Caracas. De las víctimas, 17 murieron en enfrentamientos donde el objetivo de los delincuentes fue robarles su arma reglamentaria.

Consultado sobre la formación y capacitación de los policías, Briceño León consideró que si bien existe algo de ineptitud en el accionar policial, no puede adjudicársele la causa central de los problemas. “No podemos pensar que ahora los policías desaprendieron lo que sabían. El propio ministro (de Interior y Justicia, Tarek El Aissami) tiene una buena y adecuada formación, el problema es de tipo político e ideológico”, afirmó.

Marmol García, que asesoró al candidato presidencial de la oposición, Henrique Capriles, en su programa de seguridad, coincidió: “La función policial no se reivindicó, un agente del cuerpo preventivo gana lo mismo que un obrero. Los salarios son malos y padecen un déficit de tecnología y de personal importante”.

“Ha existido una desmoralización de la policía, una politización y desarme parcial, como ocurrió en los estados controlados por la oposición”, agregó Briceño León. “El problema es que las autoridades creyeron que deben hacer sólo prevención y no usar la fuerza porque eso es una medida de ‘la derecha’. Esa confusión ideológica hace que las capacidades que puedan tenerse no sean usadas”.

Según estadísticas de la oposición, la situación de la seguridad en Venezuela es deficitaria. En materia de prevención del delito se requiere duplicar la cantidad de agentes; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) tiene un déficit del 300%, mientras que la cifra llega al 90% en el caso de la Justicia penal y al 70% en el de los fiscales.

Además debe considerarse que el sistema penitenciario vive un índice de hacinamiento del 350%, lo que provocó importantes motines en el último año y más de 5 mil muertos dentro de las cárceles en la gestión de Chávez.

“La seguridad ciudadana no fue prioridad en el siglo XXI. El Gobierno se dedicó a exportar su revolución, a crear alianzas políticas con los países no alineados, a vender petróleo”, aseguró el criminólogo.

El uso político de la inseguridad

El presidente venezolano fue creativo o esquivo en lo que respecta a la inseguridad. Pese a su polémica declaración en la que responsabilizó al consumo de cerveza por los delitos -hace dos años- y sus denuncias de que detrás de la cifras de homicidios y secuestros se encontraba una campaña opositora para desestabilizarlo, la violencia ciudadana no aparecía entre sus prioridades.

Sin embargo, en momentos en que trabaja en la campaña de su candidatura para lograr la reelección y cuando el 70% de los venezolanos ubican al problema como la mayor preocupación, Chávez decidió tomar las riendas de las políticas del sector y diseñó el plan “Mision a Toda Vida“.

El programa será lanzado en junio, estará a cargo del ministro El Aissami y sustituirá al reciente “Gran Misión Seguridad“, que entró en vigor hace apenas cinco meses. La iniciativa, además de cambiar de nombre, incluye la reforma del Código Orgánico Procesal Penal.

“El grave problema de inseguridad y de la delincuencia no se va a resolver con reformas legales. El problema está en el eficaz funcionamiento de los órganos encargados de velar por la seguridad ciudadana y de administrar justicia”, se quejó Arteaga Sánchez en diálogo con Infobae América.

En palabras del propio Chávez, el nuevo plan se ocupará, nada más y nada menos, que de “la prevención integral junto a la convivencia solidaria, el fortalecimiento de los órganos de seguridad, la transformación del sistema de Justicia penal y la creación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, la transformación del sistema penitenciario, la instalación de un sistema nacional de atención a las víctimas, y la creación y socialización de conocimiento para la convivencia y seguridad ciudadana”.

Ver nota completa: http://america.infobae.com/notas/51649-Inseguridad-en-Venezuela-la-realidad-que-incomoda-a-Chavez

Ecuador: Un alto oficial de la Policía fue condenado por narcotráfico en Esmeraldas

Por El Comercio.El Tribunal Segundo de Garantías Penales de Esmeraldas condenó a Galo C., ex comandante de la Policía de Esmeraldas, y a cuatro personas más en la investigación por el hallazgo de 1,5 toneladas de droga, en septiembre del 2011. El grado de responsabilidad de los inculpados se dará a conocer la próxima semana, dijo esta mañana el presidente de Tribunal Segundo de Garantías Penales, Fernando Otoya, quien emitió la sentencia condenatoria de primera instancia. Los procesados obedecen al llamado caso “Resurgir”, por el cual la Fiscalía investigó a ocho personas: cinco detenidas y tres –extranjeras-, prófugas. En febrero pasado, la Fiscalía pidió a la Justicia que exhorte a México la extradición de Jesús R. Gerson Valdez, abogado de uno de los inculpados, dijo que esperará a recibir la notificación de la condena para apelar la decisión del Tribunal. Durante la audiencia de juzgamiento que duró nueve días, la Fiscalía se ratificó en las acusaciones y citó a declarar a 100 testigos; asistieron 54; mientras que el Tribunal convocó a 30 personas. Las investigaciones de este caso comenzaron el 26 de agosto del 2011. Según las indagaciones de la Policía Antinarcóticos, los sospechosos utilizaban la fachada de una organización no gubernamental humanitaria para transportar droga a Europa y África. “Ellos tenían autorización para remitir mercadería de ayuda humanitaria con destino a los dos continentes, pero camuflaban la actividad ilícita en exportaciones de mariscos”, informó la Fiscalía.

Ver nota completa: http://www.elcomercio.com/seguridad/alto-oficial-Policia-condenado-narcotrafico_0_715128730.html

México: El DF se adelanta a la Federación en ampliar la definición de tortura

Por CNNExpansión. El Distrito Federal se convirtió en la primera entidad de México en ampliar la definición de tortura para permitir el combate de este delito no solo en casos de interrogación forzada, sino también de intimidación, en cumplimiento con las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos.

Las reformas entraron en vigor el 6 de junio pasado con la publicación de un decreto en la Gaceta Oficial, que añade nuevos artículos al Código Penal local sobre la materia y deroga otros.

Anteriormente, las disposiciones sobre tortura solo castigaban la violencia por parte de una autoridad con el objeto de obtener una confesión. Las modificaciones publicadas hace unos días contemplan sanciones contra “cualquier acto de intimidación contra los ciudadanos que se encuentren detenidos”, dijo a CNNMéxico Juan José Ochoa, subsecretario de gobierno del Distrito Federal.

“No es solo para sacar una información, sino para provocarles cualquier reacción o simplemente para intimidar”, dijo.

La ampliación permitirá perseguir la tortura más allá del proceso de investigación, en abusos cometidos en otras instancias como la detención y el encarcelamiento, según el funcionario.

“Puede ser calificado como tortura cualquier acto de intimidación, desde la detención de la policía, luego en todo el proceso penal y posteriormente bajo reclusión penitenciaria”, dijo.

También se introduce la violencia sexual como un medio de coacción y como un agravante del delito.

La reforma facilitará a los abogados y defensores probar los episodios de tortura ante los tribunales, lo cual ayudará al seguimiento de casos de abusos, aseguró Ochoa.

“Va a ayudar mucho al acompañamiento de defensores y organizaciones de derechos humanos”, dijo.

Los servidores públicos que incurran en tortura pueden recibir de tres a 12 años de prisión y de 200 a 500 días de salario mínimo como multa, según las penas establecidas en las reformas, que permanecieron iguales que en la legislación anterior.

Un delito ahora imprescriptible

Además de la ampliación del tipo penal, las modificaciones integran otros dos elementos fundamentales, que son sanciones específicas por omisiones y la imprescriptibilidad del delito, dijo a CNNMéxico Alejandra Ojeda, asesora de la Consejería Jurídica del gobierno del Distrito Federal.

Los funcionarios públicos ya estaban obligados a intervenir cuando conocieran casos de tortura, pero las reformas ahora prevén sanciones contra los que, con su silencio u omisiones, tengan alguna corresponsabilidad con el delito, detalló Ojeda.

Este aspecto también fue destacado por el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, José Rosario Marroquín.

“Nos parece fundamental en esta tipificación, que no solamente (es castigado) quien la comete, sino quien favorece mediante sus actitudes la comisión de actos de tortura”, dijo Marroquín a CNNMéxico.

En tanto, la imprescriptibilidad permitirá que cualquier caso sea denunciado independientemente del tiempo en que ocurrió. Esto es particularmente útil cuando las agresiones son tan brutales que las víctimas no denuncian y cuando intentan hacerlo se encuentran con que el delito ya caducó.

“Parecen una cosita de nada, pero (las tres modificaciones) cambian totalmente el sentido de las cosas”, aseguró Ojeda.

Redefinición, un precedente para México

Las reformas tienen una importancia central en la ampliación del tipo de delito en el país para incluir cualquier forma de presión, dijo a CNNMéxico el doctor en Filosofía del Derecho y catedrático en la UNAM, Samuel González.

“La tortura no puede justificarse en ninguna ocasión, ni por razones de seguridad nacional ni de seguridad pública ni de otros tipos”, aseguró el también analista internacional en asuntos de seguridad. “La autoridad tiene que basar sus investigaciones con base en elementos y capacidad de entrevista (…) así que desde esta perspectiva son bienvenidas las reformas sobre tortura”.

Ver nota completa: http://mexico.cnn.com/nacional/2012/06/08/el-df-se-adelanta-a-la-federacion-en-ampliar-la-definicion-de-tortura

Dismantling Colombia’s New Illegal Armed Groups: Lessons from a Surrender

By Crisis Group. Latin America Report No.41.The surrender of the Popular Revolutionary Anti-Terrorist Army of Colombia (ERPAC) in December 2011 risks going down as a failure. Only a fraction of the group took part; leaders may be getting away with short prison sentences; and the underlying criminal and corrupt structures will likely remain untouched. The impact on conflict dynamics in the group’s eastern-plains stronghold has been limited. As worrying, the lack of transparency, including of international oversight, has damaged the credibility of the process, leaving the impression that an illegal armed group has again outwitted state institutions to the detriment of the public and particularly of the victims. The authorities need to draw the right conclusions from the process. Otherwise, the lack of appropriate instruments to manage collective surrenders will continue to hamper efforts to combat groups such as ERPAC that have grown into one of the country’s top security challenges.

The surrender of 272 members – slightly more than a third of ERPAC’s total armed strength – was the first time a New Illegal Armed Group (NIAG) with roots in the demobilised paramilitaries had chosen to give up its weapons. Pressure to surrender had been building, externally and within the group, since police killed its founder, alias “Cuchillo”, in December 2010. The former mid-level paramilitary leader had made ERPAC the dominant illegal armed force in parts of Meta, Guaviare and Vichada departments, with a key role in drug trafficking and other organised criminal activities. But with substantial links to the regional and local political elite as well as to parts of the security forces, ERPAC was always more than an ordinary criminal outfit. It exercised strict social control in its strongholds, including through targeted killing of community leaders, and was responsible for displacements, child recruitment and sexual violence.

ERPAC members currently face criminal proceedings before ordinary courts. They may seek benefits provided for by the criminal justice system such as the reduction of sentences in return for accepting charges. But they are not eligible for the benefits of the government’s demobilisation, disarmament and reintegration (DDR) program. This is because the government considers groups such as ERPAC criminal organisations (BACRIMs in the Spanish acronym) and not part of the internal armed conflict. For the same reason, NIAG members are also not eligible for consideration under transitional justice measures such as the 2005 Justice and Peace Law (JPL).

A wholesale extension of DDR and transitional justice mechanisms to NIAGs would be unwarranted, but the exclusive reliance on the ordinary criminal law to try their members has its downsides. First, it leaves victims without legal guarantees and benefits extended to the victims of the guerrillas and the paramilitaries; a March 2012 Constitutional Court ruling might, however, open the door for some NIAG victims to be covered by the new 2011 Victims Law. Secondly, it leaves former fighters without a clear perspective of civilian reintegration, thus increasing risks they will take up arms again. Serious crimes committed by NIAGs need to be fully investigated and prosecuted, but a more expansive approach to dismantling these groups is also required where there is a sufficient link to the armed conflict.

Contrary to government hopes, the ERPAC process revealed the limits of its surrender strategy, rather than vindicating it. The attorney general’s office had little choice but to free most of the fighters almost immediately, as only nineteen leaders were originally subjects of an arrest warrant. This obliged prosecutors and the police to recapture ERPAC members one by one, an onerous, still incomplete task. The public outrage was understandable, but more damaging is that the process will likely fail both to punish those responsible for serious crimes and to have a structural impact on ERPAC’s business activities as well as its corrupt links with politicians and security forces. Potential information from rank-and-file members on ERPAC operations appears not to have been fully exploited. Leaders do not face a credible threat of serious criminal charges and thus have little incentive to collaborate seriously with the judicial system.

But the problem goes further. The government’s sharp conceptual distinction between parts of the conflict and organised crime groups – upon which the logic of the surrender was built – poorly reflects on-the-ground complexities. Groups such as ERPAC do not fully replicate the paramilitaries, but they cannot and should not be considered in isolation from the broader context of the internal armed conflict. This means that dismantling the NIAGs involves more than investigating and punishing individual criminals. It also requires dismantling corrupt networks, guaranteeing victims’ rights and preventing rearmament. Given its current weakness, reconciling such disparate interests overburdens the judicial system. The Santos administration deliberately left the field to the attorney general’s office, but the shortcomings revealed in the ERPAC experience have highlighted the need for an explicit surrender policy that goes beyond individual criminal prosecution and has active government leadership.

After the Uribe administration long downplayed the NIAG threat, President Santos has taken a stronger stand, though results have remained elusive. Combating NIAGs is a complex challenge, involving multiple government agencies and cutting across several policies. But without an explicit surrender policy, the government’s anti-NIAG strategy will continue to fall short. Such a policy could also have benefits beyond future exercises with NIAGs. A more credible and encompassing approach to tackling NIAGs might become a crucial part of guarantees for the new peace talks with the guerrillas that the government is slowly preparing the ground for.

RECOMMENDATIONS

To facilitate collective surrenders of NIAGs in a manner that ensures their complete dismantlement, including front structures and corrupt networks, guarantees the protection of victims’ rights and prevents rearmament, while avoiding impunity

To the Government of Colombia and the Attorney General and other Judicial System Authorities:

Read more: http://www.crisisgroup.org/en/regions/latin-america-caribbean/andes/colombia/041-dismantling-colombias-new-illegal-armed-groups-lessons-from-a-surrender.aspx

Descargar: DISMANTLING COLOMBIA’S NEW ILLEGAL ARMED GROUPS- LESSONS FROM A SURRENDER

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