Venezuela: Seguridad, la enorme deuda de Chávez

Por Analítica.com. ¿Cómo que no se le puede endosar al Presidente –como él pretende- la responsabilidad de las 150 mil muertes ocurridas en el transcurso de su Gobierno de 12 años? ¿Quién, sino el Gobierno y el Estado, es el responsable de la seguridad ciudadana? ¿Por que los ciudadanos comunes, que deberíamos ser beneficiarios de la seguridad que ofrece el Estado, de acuerdo con el comandante presidente somos corresponsables de una materia que por Constitución está reservada a los órganos de la administración Pública como el ministerio del Interior y Justicia, los tribunales y la fiscalía general? Escurrir el bulto así, con tanta desvergüenza como lo hizo, ¿es la respuesta que el comandante presidente le ofrece a los deudos de las miles de personas asesinadas por el hampa en este país?

En conocimiento de que el tema no reporta réditos electorales y, en ciertamente ha sido un lado flaco que ni ha podido ni ha sabido enfrentar, el Gobierno ha hecho lo posible y hasta lo imposible por desembarazarse de todo lo concerniente a la información de sucesos: cerraron la oficina de prensa de la policía científica, no ofrecieron más el balance oficial de asesinatos, eliminaron los segmentos de sucesos de los medios de comunicación oficiales, luego maniobraron con los jueces para censurar las imágenes que se publican (caso El Nacional), prohibieron a los reporteros hacer entrevistas en la medicatura forense y con la reforma de la Ley Resorte, ahora Resortemec, reservaron la publicación de noticias de sucesos para sólo horarios nocturnos.

No basta con que la Policía Nacional Bolivariana haya reducido en 44% los homicidios apenas en la parroquia Sucre. No basta con el tardío mea culpa: «otro tema en el que tenemos grandes deudas». La legitimidad del Estado y del Gobierno reside, precisamente, en que los ciudadanos le transfieren el monopolio de la violencia. En esta batalla, o el Estado comienza a ceder dicho monopolio o algo no funciona como es debido.

También los gobernadores y alcaldes tienen responsabilidad en la materia, a su escala, claro, pero corresponde al Gobierno central adelantar un gran proyecto nacional, integrador, sin el sectarismo que lo caracteriza, para darle la batalla al hampa en todos los campos: persuasión, disuasión, represión, procesamiento criminal, inteligencia, equipamiento, coordinaciones con los otros poderes.

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